La Policía del municipio Jovellanos, en Matanzas, ha logrado detectar una venta ilegal de productos robados del parque fotovoltaico que aún se encuentra en construcción. La mayor Yadira Prieto Vega, jefa de instrucción del Ministerio del Interior informó que los especialistas del parque identificaron tornillos sustraídos que los cuentapropistas estaban vendiendo en el mercado local. Estos tornillos son piezas específicas que no se comercializan por ningún otro canal, ya que se utilizan exclusivamente en el ensamblaje de las mesas y la instalación de los paneles solares.
La policía sigue investigando el caso, pero aún no ha logrado determinar cómo se robaron los tornillos ni quiénes son los responsables del robo. En la actualidad, solo se ha podido recuperar una cantidad limitada de los tornillos sustraídos. A pesar de que se ha logrado frenar parcialmente la venta de estos productos en los puntos ilegales, aún quedan varios mercados clandestinos donde continúan comercializándolos. La mayor Prieto señaló que los cuentapropistas deben vender productos según los requisitos establecidos, pero no aquellos que provienen del mercado negro.
Por otro lado, el fiscal jefe del departamento de procesos penales en Matanzas, Ilíac Castellanos, advirtió que los involucrados en este delito podrían ser acusados de sabotaje, un cargo que conlleva sanciones severas debido a la implicación de los robos en el sistema electroenergético nacional.
En este contexto, la mayor Prieto recordó que el parque fotovoltaico está previsto para entrar en servicio en los primeros meses de este año, por lo que los esfuerzos para resolver los problemas relacionados con los robos continúan siendo prioritarios.
En el mismo marco de inseguridad, se conoció que la Unión Eléctrica repuso los elementos sustraídos para cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto. Sin embargo, este no es un caso aislado, ya que en diciembre se reportó el robo de paneles solares destinados a energizar los sistemas de bombeo de agua en comunidades rurales de Las Tunas.
En menos de seis meses, se registraron ocho incidentes similares que dejaron a varias localidades sin agua y complicaron la reposición de equipos. Los municipios más afectados fueron Puerto Padre, Colombia, Jobabo y Majibacoa, lo que obligó a las comunidades a recurrir nuevamente a métodos tradicionales para acceder al agua.
A pesar de los esfuerzos para reforzar la seguridad, como acuerdos de cooperación con vecinos y la instalación de guardias locales, los robos continúan sin resolverse, y muchos de los bienes sustraídos no han sido recuperados.