El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó a las instituciones de la Unión Europea la creación de un mecanismo internacional destinado a compensar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Cuba utilizando recursos que, según la organización, provienen de activos presuntamente desviados por estructuras vinculadas al régimen cubano y depositados en el extranjero.
La petición fue presentada ante diversas instancias comunitarias, incluida la Comisión Europea, y está acompañada por un informe en el que se argumenta que los bienes obtenidos mediante prácticas de corrupción o control estatal indebido deberían emplearse para reparar a quienes han sufrido las consecuencias de décadas de represión política y limitaciones de derechos fundamentales en la isla.
El OCDH sostiene que una parte importante de esos recursos estaría relacionada con el conglomerado militar GAESA, considerado uno de los grupos empresariales más influyentes de Cuba. La organización afirma que mientras esta estructura mantiene una amplia presencia en sectores estratégicos de la economía nacional, la población continúa enfrentando graves dificultades económicas, bajos salarios y una profunda crisis social.
La iniciativa cobra relevancia en un contexto marcado por recientes medidas adoptadas por Estados Unidos contra entidades y directivos vinculados a GAESA. Según el observatorio, estas acciones podrían facilitar la identificación y eventual recuperación de activos sujetos a investigaciones o restricciones financieras internacionales.
En su propuesta, la organización recuerda que la Unión Europea dispone de herramientas jurídicas que podrían utilizarse para avanzar en este objetivo. Entre ellas menciona mecanismos relacionados con la protección de los derechos humanos, normas internacionales para la recuperación de activos obtenidos de forma ilícita y experiencias previas de fondos destinados a reparar a víctimas de conflictos o abusos graves.
El observatorio también cuestionó la política europea hacia Cuba durante los últimos años, argumentando que el diálogo institucional mantenido con La Habana no ha producido mejoras sustanciales en materia de libertades civiles ni una reducción de la represión contra opositores y activistas.
Como parte de su planteamiento, el OCDH pidió a las autoridades europeas evaluar la aplicación de sanciones individuales contra funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos, reforzar la cooperación internacional para rastrear activos vinculados a estructuras estatales cubanas y participar en la creación de un fondo de compensación para las víctimas.
Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, defendió la iniciativa señalando que cualquier proceso de reparación debe estar orientado a restituir derechos y ofrecer justicia a quienes han sufrido persecución, encarcelamiento o afectaciones derivadas de las políticas del régimen cubano.
El OCDH aseguró que está dispuesto a colaborar con las instituciones europeas mediante el aporte de documentación, análisis técnicos y otros elementos que contribuyan al desarrollo de un eventual mecanismo internacional de indemnización.
Fuente: Infobae
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