La administración estadounidense activó una nueva ofensiva migratoria que ya no apunta solo a indocumentados. Miles de residentes permanentes legales están siendo investigados y decenas podrían perder su green card y ser expulsados del país bajo un programa federal que amplía el alcance de las deportaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) puso en marcha una nueva estrategia migratoria que coloca bajo revisión a miles de titulares de residencia permanente legal, en una medida que marca un cambio significativo en la política de control migratorio del país.
De acuerdo con información revelada por The New York Times, al menos 50 personas con green card serían las primeras en enfrentar procesos de deportación dentro de este nuevo plan federal. La iniciativa forma parte de una estructura especializada creada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para investigar expedientes de residentes permanentes considerados potencialmente deportables.
Hasta el 7 de mayo, cerca de 2.890 casos habían sido revisados o permanecían bajo evaluación. Sin embargo, los propios datos internos muestran que aproximadamente el 80% de los expedientes analizados no requerían acciones adicionales, mientras más de 500 personas seguían pendientes de revisión.
El objetivo oficial del programa es detectar a residentes permanentes que supuestamente obtuvieron su estatus mediante fraude o que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional. No obstante, el bajo porcentaje de casos considerados realmente deportables ha generado cuestionamientos sobre el alcance y el uso de recursos federales en esta operación.
La nueva unidad funciona dentro de la denominada “División de Operaciones Tácticas” del USCIS, una estructura que incluye departamentos dedicados a la desnaturalización, revisión de refugiados y operaciones relacionadas con residentes permanentes legales. Documentos internos citados por el diario describen el equipo encargado como un verdadero “aparato de expulsión de LPR”, siglas utilizadas para identificar a los residentes permanentes legales.
Entre las causas que podrían desencadenar un proceso de deportación figuran delitos graves como agresión sexual, violencia doméstica, tráfico de drogas o fraude migratorio. También se investigan casos relacionados con presuntos vínculos con organizaciones consideradas hostiles para la seguridad estadounidense.
Expertos recuerdan que poseer una green card no garantiza inmunidad frente a las leyes migratorias. Un residente permanente puede ser sometido a deportación si el gobierno demuestra fraude en la obtención del estatus o condenas por ciertos delitos. Sin embargo, el proceso no es automático ni inmediato.
Los afectados tienen derecho a comparecer ante un juez de inmigración, presentar pruebas y defender su permanencia en el país. Aun así, la nueva ofensiva genera preocupación entre comunidades migrantes, especialmente porque amplía el foco de vigilancia hacia personas que ya contaban con protección legal y residencia autorizada en Estados Unidos.
Fuente: New York Times
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