Las autoridades de Santa Clara aprobaron nuevas medidas contra negocios privados que incumplan el uso obligatorio de plataformas de pago electrónico, una decisión que ha provocado preocupación y críticas entre trabajadores por cuenta propia y dueños de pequeñas empresas en Cuba
El gobierno municipal de Santa Clara aprobó una disposición que establece sanciones severas para negocios privados que no utilicen correctamente las plataformas oficiales de pago digital, en medio del avance de la política de bancarización impulsada por las autoridades cubanas.
La medida quedó recogida en el Acuerdo #205 del Consejo de la Administración Municipal y contempla el cierre temporal de establecimientos por un año ante una primera violación relacionada con el uso de pagos electrónicos. En caso de reincidencia, las autoridades podrían ordenar la clausura definitiva del negocio.
Según la información divulgada por medios oficialistas, la decisión busca fortalecer el control económico y combatir irregularidades vinculadas al manejo de efectivo y las transacciones comerciales fuera de los canales digitales autorizados.
Las plataformas señaladas por las autoridades son Transfermóvil y EnZona, herramientas promovidas por el gobierno como parte de la estrategia nacional para reducir el uso de dinero en efectivo y aumentar las operaciones bancarias electrónicas.
Sin embargo, la medida ha provocado fuerte rechazo entre emprendedores, propietarios de mipymes y numerosos ciudadanos que consideran imposible sostener totalmente las operaciones digitales en medio de la crisis económica y tecnológica que atraviesa el país.
Muchos usuarios cuestionan que el Estado exija pagos electrónicos mientras persisten graves problemas de conectividad, frecuentes apagones y limitaciones en el acceso al efectivo. También denuncian dificultades constantes para realizar transferencias, demoras bancarias y fallas en los sistemas digitales.
Entre las críticas más repetidas aparece la contradicción que enfrentan numerosos negocios privados: aunque reciben pagos electrónicos de sus clientes, muchos proveedores continúan exigiendo pagos en efectivo o en divisas para vender mercancías. En consecuencia, comerciantes aseguran que las restricciones bancarias dificultan reabastecer sus negocios y mantener productos disponibles para la población.
Además, algunos ciudadanos responsabilizan al sistema bancario estatal por no garantizar suficiente efectivo ni mecanismos ágiles para operar. Las quejas incluyen cajeros automáticos vacíos, límites de extracción y retrasos en depósitos hacia cuentas fiscales.
La disposición también genera preocupación por su posible impacto social. Diversos sectores advierten que el cierre masivo de pequeños negocios podría empeorar el desabastecimiento de alimentos y productos básicos en ciudades donde el sector privado se ha convertido en una de las principales alternativas de consumo para la población.
En medio de la inflación, la escasez y la crisis energética, la nueva política refuerza el creciente control estatal sobre las actividades económicas privadas en Cuba.
Fuente: Periodico Cubano
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