El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha puesto en marcha una nueva unidad especializada en la revisión de antecedentes de titulares de la tarjeta de residencia permanente, conocida como “green card”, con el objetivo de identificar posibles casos de fraude o deportación.
Según datos internos obtenidos por The New York Times, la agencia busca iniciar procesos de expulsión contra al menos 50 residentes permanentes legales, dentro de una revisión mucho más amplia que ya abarca miles de expedientes en todo el país.
Hasta el 7 de mayo, cerca de 2.890 casos habían sido evaluados o estaban en proceso de análisis. De ellos, aproximadamente el 80% fue considerado sin necesidad de medidas adicionales, mientras que más de 500 expedientes continuaban bajo revisión activa.
La iniciativa forma parte de un esfuerzo del gobierno del presidente Donald Trump por endurecer el control migratorio y ampliar el escrutinio no solo a personas en situación irregular, sino también a migrantes con estatus legal permanente.
La nueva estructura ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles y exfuncionarios de inmigración, quienes advierten que el alcance de estas revisiones podría afectar a residentes de larga data sin antecedentes penales graves.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) indicó que la medida responde a una reorganización interna destinada a reforzar los procesos de verificación y seguridad nacional.
Un portavoz de la agencia explicó que el objetivo es “proteger a los ciudadanos estadounidenses mediante una investigación rigurosa”, y afirmó que el sistema migratorio está siendo ajustado para detectar fraudes y posibles amenazas.
Entre los casos revisados se incluyen personas con antecedentes penales por delitos como violencia doméstica, agresión sexual, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, así como otros relacionados con fraude migratorio o información falsa en solicitudes de residencia.
Sin embargo, informes internos sugieren que solo un pequeño porcentaje de los casos revisados habría resultado potencialmente deportable, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia del programa y el uso de recursos.
La nueva unidad forma parte de una división interna conocida como “Operaciones Tácticas”, que incluye departamentos dedicados a la revisión de residentes permanentes, refugiados y procesos de desnaturalización.
Según documentos citados por medios estadounidenses, unos 40 funcionarios participan directamente en la investigación de titulares de green card en todo el país, en lo que algunos funcionarios han descrito como un “aparato de expulsión” de residentes legales.
El debate se ha intensificado debido a la acumulación de más de 11 millones de solicitudes migratorias pendientes en el sistema, lo que ha llevado a críticas sobre la priorización de recursos en revisiones masivas de residentes ya legalizados.
Expertos en inmigración señalan que, aunque la ley permite la deportación de residentes permanentes por delitos graves o fraude, históricamente estos casos han sido relativamente poco frecuentes.
Las autoridades estadounidenses, sin embargo, sostienen que la medida busca reforzar la integridad del sistema migratorio y prevenir abusos, en un contexto de creciente presión política sobre la política migratoria del país.
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