En los primeros días de diciembre, el régimen cubano ha intensificado una campaña represiva contra las manifestaciones delictivas y las indisciplinas sociales, según informa el diario oficialista Granma. Con más de 800 operativos, cierres policiales y juicios ejemplarizantes en menos de una semana, las autoridades buscan proyectar una imagen de control y eficacia. Sin embargo, este tipo de acciones, lejos de erradicar las raíces de los problemas, refuerzan un sistema que prioriza la intimidación por encima de la aplicación sistemática de la ley y el respeto a los derechos fundamentales.
Entre las medidas anunciadas, destacan más de 5,000 multas en carreteras, 527 expedientes llevados a tribunales, y 300 medidas cautelares, de las cuales el 83 % corresponde a prisión provisional. Además, se han cerrado 680 negocios, mayormente privados, bajo el argumento de incumplimientos legales. Estas cifras, aunque impresionantes, son más una demostración de fuerza que una estrategia efectiva para abordar las causas estructurales de la delincuencia y el caos social en la isla.
La corrupción, el hurto de ganado, las violaciones de precios y el tráfico de drogas son problemas graves que afectan la economía y la vida cotidiana de los cubanos. No obstante, la solución no radica en operativos masivos ni en la implementación de juicios rápidos con fines ejemplarizantes, sino en políticas públicas sostenibles que fomenten un sistema judicial imparcial, la igualdad ante la ley y un ambiente socioeconómico donde los ciudadanos no se vean empujados a la ilegalidad para sobrevivir.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta ofensiva es el carácter punitivo y desproporcionado de las sanciones. El cierre de negocios privados y las elevadas multas no solo afectan a los supuestos infractores, sino que también profundizan la precariedad económica general, limitando las opciones de sustento para muchas familias. Estas acciones contradicen los principios de desarrollo económico y justicia social que el propio gobierno dice defender.
El marco legal en Cuba parece estar diseñado más para consolidar el control político que para garantizar un estado de derecho. Mientras que la vicepresidenta del Tribunal Supremo asegura que los juicios respetan las garantías procesales estipuladas en la Constitución, la realidad muestra que el sistema judicial opera bajo una lógica de represión, donde la intimidación se utiliza como herramienta principal para mantener la "legalidad socialista".
El problema no es la existencia de medidas contra la delincuencia, sino la forma en que se implementan. Una ley que se aplica solo en momentos de crisis o mediante campañas esporádicas pierde su legitimidad. En lugar de enfocarse en acciones masivas y represivas, el gobierno debería promover la aplicación constante y equitativa de las leyes, garantizar un acceso real a la justicia y fomentar un entorno económico y social que desincentive la criminalidad.
El aumento de los operativos y juicios ejemplarizantes no resolverá los problemas estructurales que han llevado al país a esta situación. La represión puede sofocar temporalmente los síntomas, pero no eliminará las causas. La falta de oportunidades económicas, la corrupción institucionalizada y la desconexión entre las autoridades y la población seguirán alimentando un círculo vicioso de ilegalidad y represión.