La Justicia de Bolivia declaró en rebeldía al ex presidente Evo Morales este viernes, luego de que no se presentara a su audiencia de medidas cautelares en el caso de trata de menores. Esta es la segunda vez que el ex mandatario se ausenta a la cita judicial, lo que llevó al juez Nelson Rocabado a dictar su arraigo, congelar sus cuentas y ordenar la aprehensión del líder cocalero.
La audiencia, que se celebró en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, se extendió por más de cuatro horas. A pesar de la decisión judicial, la defensa de Morales, representada por su abogado y ex ministro Jorge Pérez, afirmó que su cliente es “inocente” y que se trata de una “persecución política”. Pérez argumentó que la notificación de la audiencia no había sido entregada correctamente, lo que a su juicio invalida el proceso. “Nos muestran que llegaron los asistentes del Ministerio Público a su domicilio, eso no existe”, manifestó Pérez a la prensa.
La audiencia estaba inicialmente programada para el 14 de enero, pero se suspendió tras la presentación de un certificado médico de Morales alegando impedimentos de salud. Sin embargo, el juez le dio un plazo hasta el viernes para presentar una valoración médica oficial, que no llegó a concretarse.
El día de la audiencia, la tensión fue palpable frente al tribunal. Los seguidores de Morales, quienes exigían su presunción de inocencia, se enfrentaron a detractores del ex presidente. Mientras los primeros cuestionaban la falta de denuncias previas por parte de servidores públicos, los segundos exigían que Morales “diera la cara” ante la justicia. La situación evidenció la polarización política que persiste en Bolivia, especialmente dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en el que Morales y el presidente Luis Arce disputan el control.
El caso está relacionado con acusaciones graves contra Morales, quien se enfrenta a investigaciones por los delitos de trata de personas y estupro. Según documentos de la Fiscalía, en 2016, el ex presidente habría tenido una hija con una adolescente de 15 años. El registro civil de Yacuiba, en la frontera con Argentina, contiene la partida de nacimiento de la menor, la cual es considerada como prueba del delito. Morales tenía 57 años en ese momento.
Además de Morales, los padres de la joven también están involucrados en el caso. Se les acusa de complicidad y de haber obtenido favores políticos gracias a la vinculación de su hija con el entonces presidente. El padre de la joven se encuentra en prisión preventiva, mientras que la madre fue declarada en rebeldía tras no presentarse a la audiencia.
Hasta el momento, ni Morales ni su entorno han negado los hechos, pero han acusado al gobierno de usar el caso como parte de una estrategia para desbaratar su carrera política. En un contexto de disputas internas dentro del MAS, el desenlace de este juicio podría ser crucial para el futuro político de Morales y el control del partido. Sin embargo, algunos analistas sostienen que este no es el punto final de la lucha política que enfrenta el ex presidente.
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