En cualquier Estado de derecho, cuando un primer ministro se ve involucrado en una situación que pueda poner en duda su integridad, su honor o su capacidad para cumplir con sus deberes como servidor público, lo normal es que presente su renuncia al presidente de la República o al parlamento.
Si no lo hace por iniciativa propia, se le exige rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, y en muchos casos es destituido por medio de un voto de desconfianza. El presidente entonces nombra un nuevo primer ministro, quien a su vez presenta un nuevo consejo de ministros para su aprobación o rechazo por parte del poder legislativo.
Ese es el procedimiento institucional que rige en cualquier país con un mínimo de respeto por la legalidad y la ética pública.
¡Pero no es el caso de Cuba!
Ya ha pasado un año desde que se anunció oficialmente que el exministro de Economía y primer vice primer ministro era corrupto. Un hecho de esta gravedad debería haber desencadenado una investigación profunda, sanciones ejemplares y, sobre todo, la revisión de responsabilidades jerárquicas. Pero lo que hemos visto es todo lo contrario: silencio, encubrimiento e impunidad.
¿Acaso nadie más estaba implicado en ese entramado corrupto? ¿Es creíble que un alto funcionario operara de forma aislada sin que sus superiores estuvieran al tanto? El funcionario corrupto era el primer vice primer ministro, es decir, el sustituto directo del primer ministro Manuel Marrero en caso de ausencia o incapacidad.
Por tanto, era su subordinado inmediato y estaba bajo su supervisión directa. Sin embargo, Marrero no ha sido llamado a comparecer ante la Asamblea Nacional, ni ha ofrecido explicación alguna al pueblo. Nadie le ha exigido responsabilidades, ni política ni moralmente.
¿Eso es lo que entienden por Estado de derecho?
En cualquier democracia real, una omisión de este tipo sería escandalosa. Pero bajo la dictadura de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, la corrupción se gestiona en silencio, se oculta tras discursos vacíos y se entierra bajo capas de propaganda.
Son dos demagogos, mentirosos empedernidos, que se aferran al poder sin rendir cuentas a nadie. La falta de transparencia, el desprecio por la legalidad y el encubrimiento sistemático son parte esencial de su forma de gobernar.
Lo que ocurre en Cuba no es un gobierno: es una maquinaria de impunidad sostenida por la represión y la mentira.
Para que nadie olvide: El ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, fue destituido en febrero de 2024 y posteriormente investigado por “graves errores” en el desempeño de sus funciones, incluyendo acusaciones de corrupción, simulación e insensibilidad . Desde entonces, su paradero ha sido objeto de especulación, y no se ha confirmado oficialmente si se encuentra detenido o en libertad.