La fiscal provincial de Matanzas, Ana Lilian Caballero Arango, fue incluida en la lista del proyecto Represores Cubanos tras solicitar penas de privación de libertad para las académicas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres, quienes fueron detenidas el 18 de junio de 2024 mientras se dirigían a La Habana para realizar una protesta pacífica.
Según informó el medio Martí Noticias, la fiscal solicitó 4 años de privación de libertad para López Hernández y 3 años para Pantoja Torres, sanciones que serían sustituidas por trabajo correccional sin internamiento. La acusación contra ambas incluye los delitos de "desacato", "desobediencia" y "atentado".
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), a través de su proyecto Represores Cubanos, calificó a Caballero Arango como una “represora de cuello blanco” y la responsabiliza por "prevaricación" y "crímenes de lesa humanidad", específicamente el de "persecución por motivos políticos". La organización sostiene que las acusaciones se basan en una versión "llena de falsedades" sobre los hechos ocurridos durante la detención de las dos activistas, quienes desde hace meses realizan manifestaciones simbólicas los días 18 de cada mes.
En la misma actualización de su lista, Represores Cubanos también incluyó a la oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) María Juantorena Herrera. Según el reporte, Juantorena fue señalada por agredir a las académicas el 18 de mayo de 2024 en el punto de control de Bacunayagua, cuando ambas se dirigían a La Habana desde Matanzas. La organización la acusa de "lesiones", "golpizas", "abuso físico" y crímenes de lesa humanidad como "tortura" y "persecución por motivos políticos".
El proceso judicial contra López Hernández y Pantoja Torres fue notificado formalmente la semana pasada, casi un año después de los hechos imputados. Las académicas han denunciado irregularidades legales en el caso, incluyendo la violación del plazo de 180 días establecido por la ley cubana para la presentación de causas ante los tribunales.
En años recientes, el proyecto Represores Cubanos ha documentado y publicado información sobre funcionarios del sistema judicial y de seguridad cubanos implicados en procesos contra manifestantes y opositores. Algunos de ellos han emigrado a Estados Unidos, donde enfrentan investigaciones por sus vínculos con casos de represión en la isla.
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