Foto tomada de Periódico Cubano
En medio de una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, Cuba sigue enfrentando una inflación elevada, con un incremento interanual del 14.75% en los primeros meses de 2025. Aunque el gobierno asegura que la tendencia podría desacelerarse, los precios —especialmente de los productos agrícolas— siguen en ascenso, afectando cada vez más el bolsillo del ciudadano común.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional, reconoció que durante el primer semestre del año se detectaron más de un millón de violaciones a las políticas de precios topados impuestas por el Estado. La cifra representa un aumento de casi medio millón con respecto al segundo semestre de 2024, evidenciando el colapso del sistema de control de precios, tanto en el sector privado como en el estatal.
A pesar de que los Consejos de Administración municipales fijan precios máximos para diversos productos, los comerciantes —formales e informales— no los respetan. Esto, según Marrero Cruz, genera creciente descontento popular, sobre todo en lo relacionado con los precios de alimentos agrícolas.
Según datos oficiales, la efectividad en la detección de infracciones aumentó hasta un 63.4%, frente al 59% registrado a fines de 2024. Sin embargo, ninguna inspección ha sido dirigida a las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) controladas por el conglomerado militar GAESA, lo que despierta críticas por el sesgo en la aplicación de las medidas.
Entre las nuevas acciones anunciadas para frenar el alza de precios figuran:
Controles más estrictos y prolongación de los precios topados para productos esenciales.
Eliminación de aranceles a productos de alta demanda, para evitar que los impuestos eleven aún más los precios.
Precios preferenciales para materiales de construcción y mantenimiento, principalmente dirigidos a entidades estatales.
Pese a estas iniciativas, el gobierno no logra contener la profunda distorsión monetaria del país. La dolarización parcial de la economía sigue siendo una fuente de tensiones. Aunque el régimen ha reiterado su intención de desdolarizar, reconoce que el uso del dólar se mantiene como una herramienta clave para sostener programas sociales y captar divisas en esta etapa de “economía de guerra”.
En este contexto, el Estado ha autorizado:
La creación de 29 esquemas de autofinanciamiento para empresas exportadoras, frente a los 9 aprobados en diciembre de 2024.
La ampliación del uso de tarjetas prepago en MLC para personas naturales y microempresas, a fin de facilitar el acceso al mercado mayorista.
El pago en divisas a productores para la adquisición de insumos y sustitución de importaciones.
La posibilidad de que entidades extranjeras paguen en divisas los servicios contratados en el país.
Asimismo, Marrero anunció que el gobierno trabaja en una nueva estrategia de gestión para la asignación de viviendas, cuyo marco normativo estará listo para noviembre de 2025. Se espera que el nuevo sistema mejore la eficiencia y la transparencia en la entrega de inmuebles estatales.
Uno de los puntos más relevantes fue la confirmación de una intervención en el mercado cambiario. El gobierno planea implementar una tasa de cambio flotante durante el segundo semestre de 2025, en un intento por reducir la brecha entre la tasa oficial (120 CUP por USD) y la del mercado informal (alrededor de 380 CUP por USD). Algunas empresas estatales, como ETECSA, aún aplican tasas más desfavorables, lo que agrava la distorsión cambiaria.
La intervención busca estabilizar la economía, incentivar la producción nacional, sobre todo de alimentos, y aumentar las fuentes de ingresos en divisas. Marrero concluyó su intervención pidiendo seguimiento riguroso a todas las medidas anunciadas, aunque no ofreció plazos ni indicadores claros de éxito.
Mientras tanto, la población cubana continúa atrapada entre una inflación persistente, salarios devaluados y un mercado dolarizado del que depende para acceder a productos básicos.
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