Una migrante cubana de 35 años, embarazada de alto riesgo y residente en Kentucky, vive con el temor de que su futuro hijo nazca sin derecho a la ciudadanía estadounidense. La mujer, identificada como Bárbara, huyó de Cuba en 2022 con su esposo, su hija de cuatro años y sus padres, solicitando asilo por persecución religiosa.
“Me aterra que mi bebé no tenga ninguna ciudadanía. No queremos reclamar la cubana, porque huimos precisamente de allí. Sería como crecer sin identidad legal", expresó la mujer, quien pidió no revelar su apellido ni mostrar su rostro en cámara.
Su preocupación surge en un momento de incertidumbre legal: la Corte Suprema de EE.UU. evalúa si se puede limitar la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes en situación irregular o temporal. La medida está relacionada con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que fue bloqueada por tribunales inferiores pero podría ser parcialmente restablecida si la Corte falla a favor del gobierno.
Bárbara vive en un estado que no forma parte de la demanda inicial contra la orden de Trump, por lo que si el fallo de la Corte restringe las protecciones solo a los demandantes, su bebé podría quedar fuera del derecho a la ciudadanía automática. Un resultado así abriría la posibilidad de que dos niños nacidos el mismo día en el mismo hospital tuvieran estatus legales distintos, dependiendo del estado o grupo legal al que pertenezcan sus padres.
La mujer se ha sumado al Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo, una organización que busca garantizar los derechos de migrantes en situaciones similares. Los afiliados al grupo podrían estar protegidos si las órdenes judiciales se mantienen vigentes, al menos temporalmente.
El debate legal se centra en la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos”. Desde 1898, la Corte ha interpretado ese principio para incluir a casi todos los nacidos en suelo estadounidense, salvo excepciones como hijos de diplomáticos.
Trump argumentó en su orden que quienes están en el país sin residencia permanente no están "sujetos a la jurisdicción" de EE.UU., y por tanto sus hijos no deberían recibir la ciudadanía. Sin embargo, expertos legales y fiscales estatales han señalado que esta interpretación contradice décadas de jurisprudencia.
Además del tema de la ciudadanía, el gobierno también pide a la Corte que limite la capacidad de jueces federales para emitir órdenes judiciales de alcance nacional, algo que ha frenado varias políticas migratorias recientes. Según el Departamento de Justicia, se han emitido al menos 39 órdenes de este tipo en su contra, lo que consideran un abuso.
Por ahora, el tribunal no emitirá una decisión definitiva sobre la ciudadanía por nacimiento, pero sí podría determinar qué medidas se aplican mientras los casos avanzan.
Fuente: AP
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