El gobierno del presidente Donald Trump ha dado un nuevo paso en su agresiva agenda migratoria, esta vez apuntando directamente a ciudadanos estadounidenses por naturalización. Un memorando interno del Departamento de Justicia, emitido el 11 de junio, instruye a sus abogados a iniciar procedimientos civiles para revocar la ciudadanía de personas que, según el gobierno, la hayan obtenido de forma fraudulenta o mediante ocultamiento de información clave.
La medida ha generado preocupación en diversas comunidades de inmigrantes naturalizados, ya que introduce una vía más amplia y flexible para despojar a ciudadanos de uno de los derechos más fundamentales en Estados Unidos.
El memorando establece que los procedimientos de desnaturalización se harán por la vía civil, lo cual implica que los acusados no tendrán derecho a un abogado financiado por el Estado, como sí ocurre en los procesos penales. Además, el estándar de prueba requerido para retirar la ciudadanía en este tipo de procesos es significativamente más bajo.
Aunque el documento asegura que el enfoque está dirigido a personas involucradas en crímenes graves —como violaciones de derechos humanos, terrorismo, espionaje o vínculos con organizaciones criminales—, la amplitud de las categorías descritas abre la puerta a interpretaciones amplias y, según expertos, incluso arbitrarias.
Entre las razones para iniciar estos procedimientos figuran:
Participación en tortura, crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales.
Promoción o apoyo a pandillas, cárteles o redes de trata de personas.
Ocultamiento de delitos graves, incluidos delitos sexuales o violencia, durante el proceso de naturalización.
Fraude financiero, como el abuso del programa de ayuda de emergencia PPP o fraudes a Medicaid/Medicare.
Haber conseguido la ciudadanía mediante sobornos, corrupción o tergiversación de hechos materiales.
Cualquier caso que la División Civil del Departamento de Justicia considere de “interés suficiente” para investigarlo, incluso si no entra en las categorías anteriores.
El gobierno justifica la medida como un intento de proteger la seguridad nacional y mantener la integridad del proceso migratorio. En palabras de funcionarios cercanos al proceso, se busca evitar que delincuentes peligrosos o incluso terroristas convictos usen un pasaporte estadounidense para viajar al extranjero o permanecer en el país con privilegios ciudadanos.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles han levantado alarmas sobre el precedente que sienta esta política. “Estamos viendo cómo el gobierno actual convierte un proceso civil en una herramienta de castigo político y étnico”, afirmó un portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). “Muchos naturalizados sienten que esta política podría usarse para intimidar o castigar a comunidades enteras”.
Lo más preocupante, según juristas, es que los procesos civiles no brindan las mismas garantías constitucionales que los penales. “En la práctica, cualquier error, omisión o información mal interpretada durante el proceso de naturalización podría usarse para quitarle a alguien su ciudadanía, incluso décadas después de haberla obtenido”, alertó una abogada especializada en inmigración.
Esta nueva directriz, lejos de enfocarse únicamente en casos extremos, parece sentar las bases para una política de revisión retroactiva de miles de procesos de naturalización, con criterios definidos desde una perspectiva ideológica, política y de conveniencia.
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