Después de semanas de tensas negociaciones, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y los legisladores republicanos han llegado a un acuerdo sobre una nueva legislación que endurece las políticas migratorias del estado. La medida busca alinear la estrategia de Florida con la agenda del expresidente Donald Trump en materia de inmigración.
El acuerdo otorga a DeSantis un papel clave en la implementación de estas políticas, aunque también impone restricciones a su autoridad en ciertas áreas. La disputa interna dentro del partido reflejó la intención de algunos legisladores de reafirmar su independencia frente al gobernador, especialmente después de su fallida candidatura presidencial en 2024.
La legislación establece la detención preventiva de inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves y endurece las penas para aquellos que cometan determinados crímenes. También elimina las exenciones de matrícula estatal para estudiantes indocumentados en las universidades de Florida y destina fondos a un nuevo centro de interdicción en el norte del estado para reforzar el control migratorio. Asimismo, se financiará un programa de capacitación para agentes locales, permitiéndoles desempeñar funciones previamente reservadas a las autoridades federales de inmigración.
Si bien los republicanos en la legislatura de Florida apoyan la línea dura de Trump en inmigración, las tensiones entre DeSantis y los líderes legislativos estatales, Danny Pérez y Ben Albritton, hicieron que las negociaciones fueran complejas. La resistencia a concederle poder absoluto al gobernador refleja un intento de marcar distancia tras su declive político.
Como parte del acuerdo, se creará una Junta Estatal de Control de Inmigración que incluirá a DeSantis, el comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, y el director financiero y fiscal general del estado. Aunque Simpson, considerado un posible candidato a la gobernación en 2026, tendrá un voto en la junta, DeSantis controlará la mayoría, asegurando su influencia en la toma de decisiones migratorias.
Sin embargo, el acuerdo también impone límites a la autoridad del gobernador, restringiendo su capacidad para gestionar el controvertido programa de transporte de migrantes. A partir de ahora, DeSantis solo podrá usarlo si recibe una solicitud explícita del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, la legislación establece que el programa finalizará en 2027, cuando DeSantis ya no esté en el cargo, lo que indica la falta de respaldo total dentro de su propio partido para esta iniciativa.
Aunque DeSantis y los líderes republicanos han presentado la nueva legislación como una victoria, la relación entre el gobernador y el poder legislativo sigue siendo tensa. Poco después de anunciarse el acuerdo migratorio, la Cámara de Representantes de Florida, liderada por Pérez, inició sesiones para reconsiderar vetos presupuestarios anteriores del gobernador, una señal de que el escrutinio sobre su gestión continuará en la próxima sesión legislativa.
(Con información de Telemundo)
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