La ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feitó, ha hecho pública una denuncia preocupante: varias provincias del país no están ejecutando el presupuesto destinado a la atención social, pese al aumento visible de la pobreza y la indigencia.
En su intervención ante el Consejo de Ministros, Feitó expresó su desconcierto al confirmar que algunos territorios mantienen una ejecución del 0% en estos fondos, aun cuando están diseñados para asistir a personas en situación de vulnerabilidad.
"Podríamos estar atendiendo a adultos mayores, a niños, y haciendo muchas cosas con impacto social favorable, pero verdaderamente no lo estamos haciendo", lamentó la ministra.
Su declaración ocurre en un contexto de profunda crisis económica, donde las pensiones mínimas son insuficientes incluso para cubrir productos básicos como el aceite.
El primer ministro, Manuel Marrero, reaccionó con sorpresa ante la denuncia y cuestionó si la causa de esta inejecución presupuestaria era una "falta de sensibilidad o de humanismo". Propuso realizar una revisión profunda del fenómeno, aunque sin detallar qué medidas se tomarán ni qué provincias están involucradas.
Mientras tanto, el Consejo de Ministros mantiene como prioridad gubernamental la captación de divisas, lo cual sugiere un desinterés estructural por la crisis social que enfrenta el país.
Esta contradicción entre discurso y acción agrava una realidad alarmante: la indigencia crece en ciudades como Santiago de Cuba, La Habana y Holguín.
En abril, las autoridades reconocieron un incremento en las personas sin hogar, aunque responsabilizaron a las familias y al embargo de Estados Unidos, en lugar de asumir las fallas de sus políticas públicas.
El gobierno ha promovido algunos centros de atención y programas como el Sistema de Atención a las Familias (SAF), pero estos esfuerzos han sido criticados por su escasa cobertura e impacto. La raíz del problema, señalan medios independientes y ciudadanos, está en la crisis económica interna, la ineficacia institucional y la falta de voluntad política para priorizar a los sectores más necesitados.
Mientras los ancianos mendigan o venden en las calles para subsistir, el presupuesto destinado a aliviar su sufrimiento sigue congelado.
Esta inacción institucional no solo refleja negligencia, sino también una alarmante fractura en la promesa de protección social que por décadas ha sostenido el régimen cubano. ¿Qué sentido tiene un presupuesto social si no se utiliza cuando más se necesita?
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