La situación de los adultos mayores en Cuba se ha vuelto crítica, en medio de una creciente pobreza estructural y el colapso del modelo económico estatal. El Acuerdo 10056/2025, emitido por el Consejo de Ministros, intenta establecer un protocolo para controlar a las personas en situación de calle bajo el término ambiguo de “conducta deambulante”.
Aunque esta medida pretende ser un instrumento de asistencia social, en la práctica refuerza mecanismos de vigilancia, contención y control sobre sectores vulnerables, especialmente los ancianos.
Miles de jubilados cubanos que dedicaron su vida al trabajo hoy carecen de una pensión suficiente para subsistir. Con un tejido familiar erosionado por la emigración y la precariedad, muchos se ven obligados a vivir en las calles o depender de la caridad pública. La vejez, en este contexto, se convierte en una condena a la exclusión. En lugar de implementar políticas que atiendan las causas estructurales —como pensiones justas, vivienda digna o redes de apoyo comunitario reales—, el gobierno opta por institucionalizar el ocultamiento de la miseria.
El Acuerdo establece que los gobiernos locales deben organizar equipos multidisciplinarios para identificar, clasificar y reubicar a estas personas, incluyendo adultos mayores. Si no cuentan con apoyo familiar, se les puede ubicar en hogares de ancianos, aunque no se especifica si estos cuentan con capacidad o condiciones adecuadas.
Los llamados Centros de Protección Social permiten una estancia temporal de hasta 90 días, lo que revela que el propósito principal no es la integración social, sino la remoción del problema de la vía pública.
Más allá del lenguaje técnico y los supuestos objetivos de reinserción, el enfoque oficial carece de humanidad y realismo. No se garantiza la participación voluntaria de los adultos mayores, ni se reconocen sus derechos como ciudadanos. El modelo de atención es vertical, coercitivo y sin transparencia. Además, no se ofrece información concreta sobre resultados, presupuesto, ni condiciones de los centros en cuestión.
La política hacia los “deambulantes” omite mencionar la raíz de la crisis: el empobrecimiento masivo derivado de un sistema económico ineficiente, el envejecimiento poblacional acelerado y la falta de voluntad estatal para invertir en bienestar social. Al responsabilizar a la “desatención familiar” o a factores externos como el embargo estadounidense, el Estado se desentiende de su deber. Esta narrativa desvía la atención de su fracaso estructural y condena a los adultos mayores a una doble vulnerabilidad: económica y política.
Los adultos mayores desprovistos de amparo en Cuba representan el rostro más trágico de una crisis nacional encubierta por medidas cosméticas. No se trata solo de un problema de asistencia, sino de derechos humanos.
El Estado, al centrarse en la apariencia y el control, margina aún más a quienes deberían estar protegidos por haber sostenido con su trabajo la sociedad que hoy los olvida.
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