La profunda crisis energética que azota a Cuba ha llevado al colapso del sistema eléctrico, con apagones que superan las 20 horas en varias regiones del país. Ante esta situación insostenible, el gobierno ha anunciado la suspensión de las actividades docentes y laborales no esenciales durante los días 14 y 15 de febrero, con el objetivo de reducir el consumo de energía.
La medida, lejos de ser una solución, agrava aún más la ya deteriorada economía cubana, que enfrenta una parálisis productiva sin precedentes. Sectores clave del país se verán afectados por esta pausa forzada, mientras la población continúa sufriendo las consecuencias de una crisis que no muestra señales de mejoría.
A pesar de la suspensión laboral, los servicios básicos se mantendrán operativos. Sin embargo, con el país sumido en la incertidumbre y sin estrategias claras para estabilizar el sistema eléctrico, la desesperación crece entre los ciudadanos. La falta de una solución efectiva y el deterioro de las condiciones de vida han convertido la crisis energética en uno de los mayores desafíos para el régimen.
Mientras el gobierno justifica la medida como una estrategia de ahorro, la realidad es que la infraestructura eléctrica del país se encuentra al borde del colapso total. Sin inversiones significativas ni alternativas viables a corto plazo, los apagones continuarán afectando gravemente a la población, profundizando el descontento y la precariedad en todos los sectores.
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