En torno a 2,3 millones de personas han solicitado la nacionalidad española de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática (LMD). De ellas, aproximadamente un millón han iniciado el trámite y 1,3 millones solo cuentan con cita, sin poder entregar documentación debido al atasco consular. Según fuentes citadas por El País, la saturación es tal que podrían pasar “décadas” hasta concluir el proceso, dejando a los solicitantes más mayores con escasas posibilidades de lograr su objetivo.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (Cgcee) ya había advertido del desbordamiento. Su presidenta, Violeta Alonso, señaló que en algunas demarcaciones la resolución podría tardar “muchísimos años”.
El caso más crítico es Argentina, con casi un millón de solicitantes (40%), de los cuales 650.000 están en Buenos Aires y 125.000 en Córdoba. Le sigue el consulado de La Habana, con 350.000 solicitudes, además de Ciudad de México (165.000), Sao Paulo (150.000), Miami (120.000) y Caracas (40.000). Alonso denuncia que la Administración carece de capacidades para gestionar este volumen, lo que también bloquea otros servicios consulares.
La cifra actual multiplica por 4,5 los beneficiarios de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, conocida en Cuba como Ley de Nietos, que sumó 503.439 nuevos españoles. Según El País, la mitad de los expedientes iniciados ya se han resuelto favorablemente, mientras que las denegaciones apenas superan el 2%.
Alonso reconoce avances, como permitir que quienes pidieron cita dentro del plazo puedan tramitar la solicitud pese a las demoras. Sin embargo, reclama más medidas: incorporar los 7.000 registros civiles de España a la inscripción de nuevos ciudadanos, contratar personal de refuerzo y externalizar tareas tecnológicas como la digitalización de documentos. También pide un redespliegue de la red consular, ya que los nuevos españoles necesitarán pasaportes, partidas de nacimiento y otros trámites permanentes.
El impacto será notable: de tres millones de españoles en el exterior se pasará a unos cinco millones, con demarcaciones como La Habana multiplicando por dos o tres la población a atender. En Cuba, a los 167.000 españoles residentes en 2023 se sumarán los 350.000 solicitantes pendientes, superando el medio millón.
El Gobierno ha anunciado un plan de modernización de 115 millones de euros, la implantación de un Número de Identidad Consular (NIC) y el refuerzo de 150 plazas en los consulados más afectados, además de crear el puesto de cónsul adjunto en Buenos Aires, La Habana y México. Sin embargo, la Estrategia de Acción Exterior reconoce que los recursos consulares apenas han variado en veinte años.
Alonso prevé reunirse con el presidente Pedro Sánchez para exigir más personal y recursos, además de eliminar trámites innecesarios como el de conservación de la nacionalidad. También pedirá mejoras en instalaciones, muchas de ellas deterioradas: un estudio de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) reveló que 28 oficinas están al límite de su capacidad, 68 presentan problemas de accesibilidad, 14 carecen de sistemas contra incendios y al menos 17 no están en buen estado de conservación.
La LMD, aprobada en octubre de 2022, abrió la nacionalidad a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo, hijos de españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978 y mayores de edad excluidos de la Ley de Nietos. Una instrucción ministerial amplió aún más el universo de solicitantes al incluir a todos los “nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles”.
El plazo de solicitudes cerró el 22 de octubre de 2025, dejando en Cuba un panorama de colas interminables, irregularidades y estafas en documentos, agravado por la mala conectividad y el deficiente transporte de la Isla. El colapso consular se perfila como uno de los mayores retos administrativos de la política exterior española en las próximas décadas.
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