En pleno campus universitario, cuando el mundo celebra un histórico acuerdo de paz en Medio Oriente, apareció un cartel claramente antisemita colgado por organizaciones afines al régimen cubano.
Que un espacio de educación superior sirva de plataforma para la difusión de mensajes de odio no es un incidente aislado: es la evidencia palpable de una decisión política que transforma la universidad en tribuna propagandística. Los hechos son inaceptables y deben ser denunciados con claridad.
La Universidad de La Habana, tradicionalmente considerada faro cultural y académico, queda ensombrecida por una práctica que contradice sus principios fundacionales. No se trata solo de libertades de expresión —que deben protegerse— sino del límite ineludible entre la crítica política legítima y la incitación al odio. Un cartel que estigmatiza a una comunidad entera cruza esa línea y legitima la violencia simbólica, y potencialmente, real.
Resulta particularmente doloroso que esto ocurra mientras se produce un avance diplomático que apunta al diálogo y la reconciliación. El régimen, al permitir o promover estas expresiones, lanza un mensaje claro: prioriza su alineamiento ideológico por encima de la convivencia, la pluralidad y el respeto a los derechos humanos. Esa elección política convierte instituciones educativas en instrumentos de adoctrinamiento, donde la reflexión crítica es reemplazada por consignas hostiles.
La comunidad cubana e internacional tiene derecho a exigir explicaciones y responsabilidades. Las autoridades universitarias y las instancias estatales deben investigar quién autorizó el cartel y qué medidas se tomarán para impedir la repetición de estos hechos. Asimismo, es urgente que la academia retome su papel como espacio de discusión respetuosa, de investigación y de formación ética, y no como escenario de propaganda.
La respuesta no puede limitarse a condenas verbales; exige acciones concretas: retiro inmediato del material ofensivo, sanciones a quienes lo promovieron y la implementación de protocolos que garanticen la protección de minorías. También conviene promover iniciativas educativas que fomenten la tolerancia y la convivencia entre distintos puntos de vista.
Permitir que universidades se conviertan en altavoces de odio daña no solo a las víctimas directas de la ofensa, sino a la reputación de todo el país. Cuba necesita más debate informado y menos propaganda; más diálogo y menos odios que dividan.
La defensa de la dignidad humana no admite excusas políticas ni atajos ideológicos. Exigir transparencia y proteger la diversidad no es un acto de injerencia, sino una exigencia mínima de justicia. Organizaciones civiles, estudiantes y académicos deben articularse para que la Universidad de La Habana recupere su autonomía moral y vuelva a ser un espacio donde prevalezca el respeto.
Fuentes: Martí Noticias
Diario de Cuba
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