El miedo a la deportación ha llevado a varios padres migrantes en Estados Unidos a tomar medidas drásticas para proteger a sus hijos. En Maryland, el sacerdote episcopal Vidal Rivas ha recibido la custodia temporal de al menos catorce menores cuyos padres temen ser expulsados del país bajo las estrictas políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
Según Rivas, los documentos firmados por los padres tienen una validez inicial de seis meses, pero podrían convertirse en permanentes si los progenitores son detenidos y deportados. El sacerdote explica que muchas familias, angustiadas por la posibilidad de ser separadas, han recurrido a él en busca de apoyo y estabilidad para sus hijos.
El padre Rivas señala que las solicitudes de custodia responden a distintos planes según las circunstancias de cada familia. Algunos padres desean que sus hijos sean enviados a sus países de origen si son deportados, mientras que otros prefieren que los menores permanezcan en EE. UU. hasta completar sus estudios. En algunos casos, los padres han optado por dejar a sus hijos en custodia a largo plazo bajo la tutela del sacerdote.
“El temor se ha convertido en pánico. Incluso ciudadanos naturalizados y personas con otros estatus migratorios están preocupados”, afirmó Rivas, quien asumió esta responsabilidad por la confianza que las familias han depositado en él.
Este caso no es único. En varias ciudades de EE. UU., profesores, vecinos y activistas han sido contactados por migrantes que buscan garantizar el bienestar de sus hijos ante la amenaza de redadas y deportaciones masivas.
Cathy Camineros, una venezolana residente en Washington D.C., expresó su sorpresa al recibir la solicitud de custodia de dos menores. “No sé cómo alguien que no te conoce puede pedirte que te hagas cargo de sus hijos”, comentó.
Las acciones migratorias impulsadas por Trump han generado un clima de incertidumbre entre las comunidades inmigrantes. Además de reforzar las redadas y expulsiones de personas en situación irregular, su administración ha restringido la entrada de solicitantes de asilo y ha implementado medidas que afectan a la comunidad LGBTI, como la limitación del reconocimiento de identidades transgénero.
Desde su púlpito, la obispa episcopal Mariann Edgar Budde, a la que pertenece Rivas, ha criticado públicamente estas políticas y ha instado a la administración a actuar con mayor compasión.
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