La Empresa Provincial Productora de Alimentos (EPPA) en Villa Clara reconoció oficialmente, a través de un comunicado fechado el 3 de julio de 2025, la utilización de harina en mal estado y fuera de fecha para la elaboración del pan destinado a la canasta básica. La misiva, dirigida a las bodegas del territorio, admite abiertamente que la materia prima utilizada no solo ha sobrepasado su fecha de rotación, sino que presenta un avanzado nivel de deterioro.
De acuerdo con el documento, las harinas distribuidas estaban vencidas desde mayo y junio, y muchas de ellas mostraban signos de “plagamientos intensos” como resultado de condiciones inadecuadas de almacenamiento y exposición a altas temperaturas.
Los análisis efectuados por la Oficina Nacional de Inspección Estatal de la Tecnología (ONIET) confirmaron la presencia de olores a moho, sabor fermentado, textura gomosa y una coloración amarillenta en las muestras evaluadas. Aun así, la entidad estatal ha optado por continuar usando estos lotes deteriorados debido a la severa escasez de harina en la provincia. Esto ha derivado en la elaboración de un pan visiblemente defectuoso, con superficie arrugada, miga reseca, manchas y un mal olor perceptible. La comunicación advierte que la situación se mantendrá mientras persistan las existencias comprometidas.
El reconocimiento público de estos hechos ha desatado una oleada de indignación en redes sociales, donde ciudadanos han calificado la medida como una amenaza directa a la salud pública. “Ese pan no es para cerdos, es para seres humanos”, escribió un usuario, exigiendo consecuencias penales en caso de producirse intoxicaciones.
Expertos en seguridad alimentaria han alertado que, aunque las altas temperaturas del horneado eliminen microorganismos vivos, las toxinas generadas por algunos hongos antes de la cocción pueden sobrevivir al proceso y causar graves afectaciones, sobre todo en niños y ancianos, los principales beneficiarios del pan normado.
Las redes sociales también han servido como plataforma para denunciar la doble moral con la que, según muchos, se aplican las regulaciones: “A un cuentapropista lo multan por vender algo vencido, pero el Estado lo autoriza por carta y no pasa nada”, criticó un internauta.
Asimismo, aumentan las voces que cuestionan la falta de reacción de los organismos responsables del control sanitario. “¿Dónde están Higiene y Epidemiología, el Partido, el Gobierno? Están poniendo en riesgo vidas humanas”, escribió otro ciudadano. Algunos recordaron que ya en mayo se habían lanzado advertencias públicas sobre la calidad del pan, sin que se adoptaran medidas correctivas.
Bajo la presión del descontento popular, ciertas panaderías han sido objeto de inspecciones recientes. Estas supervisiones han revelado, además del uso de harina vencida, irregularidades en el peso del pan normado, lo que ha generado multas y anuncios de medidas disciplinarias. Sin embargo, la población continúa recelosa ante la falta de sanciones visibles o acciones correctivas eficaces.
Desde EPPA se ha informado que se han implementado controles internos más rigurosos y que se adoptarán medidas contra quienes incumplan los protocolos establecidos. No obstante, hasta la fecha, no se ha reportado la destitución de ningún funcionario ni el retiro del pan afectado.
Mientras tanto, la población se enfrenta a un dilema insalvable: optar entre el hambre o el riesgo sanitario. Para muchos, esta situación encarna el progresivo deterioro estructural del país y la ausencia de políticas que prioricen la salud y la dignidad de sus ciudadanos.
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