Cientos de migrantes detenidos en centros de ICE operados por la corporación privada GEO Group en el condado de Kern, California, enfrentan condiciones extremas que activistas califican como violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Según la organización Faith in the Valley, los detenidos sufren trabajo forzado por apenas un dólar diario, falta de atención médica, escasez de agua potable, precios exorbitantes en servicios básicos y violencia física por parte del personal.
Desde 2024, la población de estos centros ha aumentado drásticamente, lo que ha agravado la crisis. En el centro Mesa Verde en Bakersfield, inaugurado en 2015, la población se ha multiplicado ocho veces, alcanzando 375 personas detenidas en un espacio diseñado para 400 camas.
En el Golden State Annex (GSA) en McFarland, abierto en 2020, los detenidos ascienden a 640, el doble de su capacidad. Por primera vez en cinco años, mujeres han sido alojadas en Mesa Verde, aumentando la complejidad de la atención requerida.
Faith in the Valley asegura que estos abusos no son incidentes aislados, sino parte de un sistema diseñado para generar ganancias a costa de los derechos de las personas. Los líderes detenidos que han organizado huelgas de hambre y laborales desde 2020, programas educativos y equipos de apoyo legal han sido objeto de represalias y castigos, según denuncian.
El caso ha encendido la alerta de autoridades locales y federales. La ley estatal SB 1132 permite inspecciones por parte del Departamento de Salud Pública del condado de Kern, mientras que las ciudades de Bakersfield y McFarland podrían revocar los permisos de uso de suelo de GEO. Miembros del Congreso también tienen autoridad para realizar visitas sin previo aviso. Organizaciones como ACLU Southern California respaldan las demandas de activistas para cerrar estas instalaciones y garantizar derechos básicos a los migrantes.
Los abusos también se extienden fuera de los centros de detención. Mónica Moret, inmigrante ecuatoriana, denunció que agentes de ICE la empujaron y golpearon contra el piso frente a sus hijos en una corte de Manhattan mientras arrestaban a su esposo, quien teme por su vida si es devuelto a Ecuador.
Los videos del incidente se viralizaron y evidencian la violencia física que enfrentan algunos migrantes incluso en procedimientos legales.
Activistas llaman a la población a exigir medidas inmediatas: contactar autoridades municipales, representantes federales y el departamento de salud para inspecciones y revocaciones de permisos.
La situación evidencia un problema sistémico en los centros de detención privados de ICE, donde las ganancias parecen priorizarse por encima de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes.
Gerardo Hernández genera indignación con fiesta de los CDR en medio de apagones en Cuba
Hace 5 horas