En los últimos cinco meses, Florida se ha convertido en uno de los epicentros de la ofensiva migratoria de Estados Unidos, con más de 6.000 arrestos de personas sospechosas de carecer de estatus legal. El anuncio fue hecho este viernes en Tallahassee por funcionarios federales y estatales, quienes destacaron que el estado se ha convertido en un modelo nacional dentro de la estrategia impulsada por la administración de Donald Trump.
Durante el encuentro, Madison Sheahan, subdirectora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aseguró que el gobierno federal está comprometido con apoyar financieramente a las autoridades locales. Solo en Florida, se destinarán más de 10 millones de dólares a agencias locales y 28,5 millones a organismos estatales, recursos que cubrirán transporte, equipamiento y horas extras para más de 4.700 oficiales implicados en tareas de control migratorio.
“El respaldo económico es inmediato. Nuestros socios federales están listos para firmar la chequera”, afirmó Rob Hardwick, sheriff del condado de St. Johns, al señalar que sus agentes han realizado más de 700 detenciones relacionadas con inmigración
El marco legal que ha permitido esta ofensiva se sustenta en la reactivación de un antiguo programa federal, el 287(g), que autoriza a policías locales, alguaciles y agencias estatales a realizar arrestos migratorios. Florida lidera el país en la firma de acuerdos bajo este mecanismo, con 326 de los 1.036 firmados a nivel nacional.
El gobernador Ron DeSantis celebró el avance y prometió que estas medidas apenas son “el comienzo” de una política que busca reducir la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado.
La misma jornada del viernes, las autoridades revelaron que un operativo conjunto entre agencias locales, estatales y federales en el centro de Florida resultó en más de 350 arrestos en solo cuatro días. Jeff Dinise, jefe de la Patrulla Fronteriza en el Sector Miami, aseguró que “no existe mejor socio que Florida” y destacó que el estado está involucrado en “cada faceta de la seguridad nacional”.
Para gestionar el alto número de detenidos, Florida ha invertido en centros de detención. Uno de ellos, ubicado en los Everglades y apodado “Alcatraz Caimán”, ha sido objeto de demandas federales por sus condiciones precarias. Más recientemente, se abrió un segundo centro en una prisión estatal al este de Jacksonville, lo que refuerza la infraestructura para albergar a inmigrantes mientras esperan juicio o deportación
Si bien los funcionarios presentan estas acciones como un esfuerzo coordinado en defensa de la seguridad nacional, organizaciones defensoras de los inmigrantes denuncian prácticas discriminatorias. Reportes señalan que se han realizado paradas de tráfico con el objetivo de detener a trabajadores en camino a sus empleos, lo que incluso ha derivado en la detención errónea de ciudadanos estadounidenses.
Florida, donde casi una cuarta parte de los residentes son de origen extranjero y sectores clave de la economía dependen de la mano de obra migrante, se encuentra en el centro de la polémica. Críticos aseguran que estas políticas no solo afectan a comunidades vulnerables, sino que también pueden tener consecuencias negativas en la agricultura, el turismo y la hostelería.
(Con información de AP)
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