La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha revelado un incremento significativo en el número de represores cubanos que han llegado a Estados Unidos en el último año. Su proyecto, “Represores Cubanos”, ha documentado la presencia de 115 individuos vinculados a violaciones de derechos humanos que ahora residen en EE.UU. Este dato representa una alarmante expansión, dado que el número de represores identificados en la base de datos del proyecto supera los 1,000.
Durante una rueda de prensa en Miami, representantes del proyecto destacaron que estos 115 represores constituyen alrededor del 10% del total registrado en su base de datos, subrayando la creciente preocupación sobre la entrada y asentamiento de personas implicadas en represión política desde Cuba. El informe subraya la necesidad de medidas más efectivas para prevenir la llegada de estos individuos y garantizar que no puedan establecerse con impunidad.
Los investigadores han observado que los represores cubanos se integran discretamente en la sociedad estadounidense. Entre los identificados, se incluyen diversos perfiles, como aquellos vinculados a fuerzas de seguridad del régimen cubano, altos funcionarios del Partido Comunista, jueces y fiscales responsables de severas condenas a disidentes, así como funcionarios que implementan condiciones laborales abusivas en misiones médicas internacionales. También se destacan aquellos que han participado en la represión económica contra emprendedores en Cuba.
El informe se presenta poco después de que Manuel Menéndez Castellanos, ex miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y coordinador de apoyo para Fidel Castro en Cienfuegos, fuera añadido a la lista de represores. Menéndez, quien recientemente llegó a Miami por razones familiares, es señalado por delitos electorales y crímenes de lesa humanidad relacionados con persecuciones políticas.
La creciente presencia de estos individuos en Estados Unidos plantea serias preocupaciones sobre la justicia y la protección de los derechos humanos, y refleja una necesidad urgente de abordar las políticas de inmigración y vigilancia para evitar que aquellos responsables de graves violaciones de derechos humanos encuentren refugio en el exilio.
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