El gobierno de Estados Unidos ha reforzado sus esfuerzos contra la violencia transnacional al ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de dos de los principales jefes de la pandilla MS-13 en Honduras.
Se trata de Yulan Adonay Archaga Carías, alias "Porky", y Alexander Mendoza, identificados por las autoridades como piezas clave en las operaciones criminales de la Mara Salvatrucha 13, una de las pandillas más peligrosas del hemisferio occidental. La oferta fue anunciada este lunes por el Departamento de Estado, como parte del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP).
Archaga Carías, actualmente prófugo, es señalado como el principal dirigente de la MS-13 en Honduras y se le responsabiliza por una serie de delitos graves, incluidos narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos y secuestros. También enfrenta cargos en EE.UU. por conspirar para introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense y por el uso de ametralladoras en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Este individuo figura en la lista de los más buscados tanto por la Administración para el Control de Drogas (DEA), como por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que subraya su relevancia en el mundo del crimen organizado.
La MS-13 surgió en Los Ángeles en la década de 1980, formada inicialmente por migrantes salvadoreños. Con el tiempo, su influencia se expandió a Centroamérica, especialmente en El Salvador, Guatemala y Honduras. La organización ha sido vinculada a una red de delitos que incluye extorsiones, asesinatos, tráfico de drogas y control de territorios urbanos mediante el terror.
En febrero de 2025, la administración estadounidense la designó como Organización Terrorista Extranjera, ampliando el marco legal para perseguir a sus líderes a nivel global, junto a otras agrupaciones del crimen organizado como carteles mexicanos y el Tren de Aragua, con presencia en Venezuela y otros países.
El anuncio del Departamento de Estado busca reforzar el trabajo de las fuerzas de seguridad hondureñas y promover la cooperación internacional en la lucha contra las pandillas. Las autoridades estadounidenses esperan que la recompensa incentive a ciudadanos o miembros del entorno criminal a proporcionar información clave para ubicar a los prófugos.
Este esfuerzo forma parte de una estrategia integral que también incluye sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro. Desde 1986, los programas de recompensa del gobierno estadounidense han facilitado la captura de más de 75 líderes criminales de alto perfil, pagando más de 155 millones de dólares a quienes ofrecieron datos verificados.
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