Durante casi dos décadas, Raúl Castillo Ortiz construyó una vida en Estados Unidos que muchos considerarían modélica: trabajo estable, un hogar en Florence (Carolina del Sur) y una familia que dependía de él tanto emocional como económicamente.
Sin embargo, todo ese esfuerzo se vino abajo en cuestión de horas tras una cita rutinaria con inmigración que terminó en una deportación abrupta hacia México. Su historia ha despertado indignación y temor entre numerosas familias latinas que atraviesan procesos migratorios similares.
Castillo llevaba años presentándose puntualmente a sus audiencias y renovando sin contratiempos el permiso que le permitía permanecer en el país mientras avanzaba su caso. Esa estabilidad, aunque frágil, le permitió trabajar legalmente, pagar impuestos y criar a sus hijos con la esperanza de que, en algún momento, su situación migratoria pudiera resolverse de manera definitiva. Nunca imaginó que en una de esas comparecencias, las reglas cambiarían sin explicación aparente.
Según relata su familia, la primera señal de alarma llegó hace unos meses cuando, después de una cita en Charleston, agentes de ICE le colocaron un grillete electrónico. Castillo quedó profundamente afectado al sentirse tratado como un delincuente pese a no tener antecedentes ni violaciones graves. Aun así, continuó cumpliendo estrictamente con cada presentación y confiando en que el proceso seguiría su curso habitual.
La situación se volvió más tensa en octubre, cuando volvió a ser citado y retenido. Lo que debía ser otra revisión de rutina terminó convirtiéndose en un capítulo lleno de incertidumbre. Su familia pasó casi dos días sin noticias de él, sin una explicación oficial, temiendo lo peor. Cuando finalmente llamó, ya se encontraba del otro lado de la frontera: había sido deportado sin previo aviso.
La familia sostiene que entregaron informes médicos que demostraban la necesidad de que Castillo permaneciera junto a su hijo menor, que enfrenta un diagnóstico delicado y depende emocionalmente de la presencia de su padre.
Aún así, aseguran que esos documentos no fueron considerados. Hoy sienten que el sistema les falló, ignorando el arraigo, el comportamiento ejemplar de Castillo y el impacto devastador que la separación tiene para un menor vulnerable.
Desde México, Castillo ha podido comunicarse, pero sus hijos describen la situación como un golpe emocional del que no se recuperan. Mientras se organizan para visitarlo, buscan asesoría legal con la esperanza de encontrar algún recurso que permita revisar su caso. Para ellos, la lucha continúa: no solo por reunificarse, sino para que historias como esta no sigan repitiéndose en silencio.
Fuente: La Opinión
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