La Casa Blanca reafirmó este miércoles que el presidente Donald Trump continúa decidido a entregar cheques de $2,000 dólares a los estadounidenses, financiados con ingresos provenientes de los aranceles. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró que varias agencias ya trabajan en la logística para hacer realidad la propuesta, pese a que economistas y organismos independientes advierten que los fondos actuales serían insuficientes.
La iniciativa tomó fuerza después de que Trump publicara un mensaje en su red social, donde defendió su política arancelaria y aseguró que Estados Unidos es ahora “el país más rico y respetado del mundo”, con una inflación cercana a cero y un mercado bursátil en niveles récord. En ese contexto, reiteró su intención de distribuir “al menos $2,000 por persona”, excluyendo a quienes tengan ingresos altos. Sin embargo, el anuncio no aclaró criterios específicos de elegibilidad ni plazos.
En la conferencia de prensa, Leavitt subrayó que “el presidente dejó claro que quiere que esto suceda”, y que su equipo económico estudia cómo implementar el plan. La idea recuerda a los cheques de estímulo emitidos durante la pandemia, cuando la administración Trump distribuyó pagos directos a personas con ingresos de hasta $75,000 dólares y a parejas que no superaban los $150,000.
Pero, dentro del propio Gobierno, hay dudas sobre la viabilidad de financiar el dividendo exclusivamente con aranceles. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que el beneficio podría integrarse dentro de las reducciones fiscales propuestas en la Big Beautiful Bill, el paquete legislativo de Trump. Explicó que el dividendo “puede presentarse de muchas formas”, desde incentivos tributarios hasta exenciones de impuestos en propinas, horas extras, cotizaciones de Seguridad Social o deducciones para préstamos de automóviles.
De acuerdo con varios economistas, el planteamiento enfrenta importantes obstáculos numéricos. Si los cheques se entregaran a personas que ganen $100,000 dólares o menos, serían alrededor de 150 millones de beneficiarios, lo que representaría un costo aproximado de $300,000 millones. La organización Tax Foundation, a través de la analista Erica York, cuestionó si los ingresos arancelarios actuales permiten financiar una medida de tal magnitud.
El Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) también calcula que el costo total podría variar entre $300,000 millones y $600,000 millones, dependiendo del diseño final. Ambas cifras superan ampliamente los ingresos arancelarios netos actuales, lo que implicaría un aumento en la deuda federal si el gobierno recurre a esta vía.
Según datos del Departamento del Tesoro al 30 de septiembre, el gobierno federal ha generado $195,000 millones en ingresos arancelarios en el último año fiscal. Aunque se proyectan $3 billones en ingresos arancelarios durante la próxima década, economistas señalan que comprometer esos fondos a pagos directos podría agravar el déficit y elevar la deuda nacional, que ya supera los $38 billones de dólares.
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