La Aduana General de la República de Cuba anunció la detección de un intento de extracción ilegal de dos kilogramos de oro en lingotes, ocultos en un doble fondo de un equipaje en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. La información fue compartida por el vicejefe primero de la entidad, William Pérez González, a través de la red social X, quien aseguró que los implicados enfrentarán cargos penales.
Este hallazgo ocurre en un contexto en el que el Gobierno cubano ha lanzado el Segundo Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades. Sin embargo, más allá de la retórica oficial, el aumento de este tipo de incidentes pone en evidencia las profundas fallas en los mecanismos de control y la creciente corrupción dentro de la isla.
Mientras el régimen intenta presentar a sus agentes aduanales como un cuerpo altamente preparado, la realidad sugiere que estas incautaciones son solo la punta del iceberg de un problema mayor: la fuga de recursos valiosos en un país donde la crisis económica ha llevado a una escalada del contrabando y el mercado negro.
La presencia de lingotes de oro en manos de particulares, además, genera interrogantes sobre la procedencia de estos metales y su posible vínculo con redes de tráfico ilícito. En un país donde la extracción de oro está bajo estricto control estatal, resulta llamativo que existan individuos con acceso a tales cantidades sin que antes hayan sido detectados por las propias autoridades.
Más allá del discurso gubernamental sobre la lucha contra el delito, persisten dudas sobre la transparencia de las investigaciones y el destino final de los bienes incautados. La opacidad con la que se manejan estos casos ha generado escepticismo en la población, que cada vez más desconfía de las instituciones oficiales y de su capacidad para garantizar justicia sin sesgos ni intereses ocultos.
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