La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) lamentó este jueves la falta de libertades en Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde no existe Estado de derecho ni la democracia representativa.
"Con relación a Cuba, Prisoners Defenders reporta que, al 30 de noviembre de 2022, 1034 personas permanecerían detenidas por motivos políticos en Cuba", señaló el comunicado de prensa.
En Venezuela, de acuerdo con información del Foro Penal, al 31 de octubre de este año, se registrarían 247 personas privadas de libertad por razones políticas, correspondientes a 14 mujeres y 233 hombres. Del total, 115 serían civiles y 132 militares.
Según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, al 30 de septiembre de 2022, 195 personas permanecerían encarceladas, de las cuales 19 serían mujeres y 176 hombres.
La CIDH condenó "la intensa instrumentalización del Poder Judicial para la persecución de personas en contra de la libre expresión de pensamiento y la privación de la libertad arbitraria de personas por razones políticas en la región"; manifestó "su preocupación por las deplorables condiciones de detención a las que están sometidas; e hizo "un llamado para que se adopten medidas inmediatas para liberarlas".
En Cuba, Venezuela y Nicaragua, la CIDH advierte que las personas privadas de libertad por motivos políticos enfrentan un tratamiento diferenciado derivado de las razones que motivaron su encarcelamiento, lo que ha provocado grave deterioro de salud de varias de ellas; y con riesgo de sufrir afectaciones a su vida e integridad personal.
"Las mujeres privadas de libertad por motivos políticos enfrentan impactos diferenciados debido al género; como violencia de género; tortura y malos tratos como método de castigo, represión y humillación por su rol histórico de liderazgo social. Asimismo, en el caso específico de las mujeres trans presas de conciencia, Prisoners Defenders documentó que en algunos casos se encuentran detenidas con hombres, lo cual resulta en múltiples violencias. Y se tiene información de la ubicación de mujeres en centros de detención alejados de sus familias como forma de represalia o castigo por el activismo político".
La Comisión y su Relatoría Especial urgen a los Estados de las Américas a poner en libertad a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como al respeto y garantía de su vida e integridad personal; les anima a emprender acciones humanitarias que permitan constatar y mejorar sus condiciones de detención, incluyendo el facilitar que sean visitadas por sus familiares y personas abogadas de conformidad con el derecho internacional.
De igual forma, los Estados deben asegurar que sean respetadas todas las garantías del derechos de defensa y del debido proceso establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el acceso a una defensa adecuada y, a ser juzgadas dentro de un plazo razonable, mediante un Poder Judicial con garantías de independencia e imparcialidad respecto los otros poderes, señaló el comunicado de prensa.
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