La administración del presidente Donald Trump comenzó a implementar nuevas medidas para acelerar las deportaciones de menores migrantes no acompañados, incluyendo una controvertida opción para que los adolescentes acepten abandonar el país voluntariamente.
Según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ahora deben preguntar a los menores de entre 14 y 17 años si desean regresar a sus países de origen sin un proceso migratorio formal. Esta práctica, conocida como “salida voluntaria” o “autodeportación”, se aplicaba tradicionalmente solo a menores de México y Canadá.
El cambio marca un giro respecto a la política establecida, que indicaba transferir a los menores no acompañados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), responsable de su cuidado mientras se resolvía su situación migratoria. Ahora, si un menor acepta salir del país, será entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Si ICE no actúa en un plazo de 72 horas, el menor será remitido a HHS.
Un portavoz de Seguridad Nacional defendió la medida, alegando que se basa en la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata (TVPRA), la cual permite ofrecer esta opción para facilitar el retorno con familiares en el país de origen. Sin embargo, defensores de los derechos de los niños y organizaciones legales han manifestado una fuerte preocupación.
“Un menor no está en condiciones de entender las consecuencias de aceptar una deportación voluntaria sin la asistencia de un abogado”, advirtió Neha Desai, directora del National Center for Youth Law. “Están siendo utilizados como peones en una estrategia más amplia de deportaciones masivas”.
La nueva directriz se da en el contexto de una intensificación de las políticas migratorias por parte del presidente Trump, centradas en reducir el número de migrantes, especialmente aquellos que llegaron durante el mandato de Joe Biden. Según expertos, la mayoría de los menores no acompañados suelen ser ubicados con familiares en Estados Unidos, aunque su estatus sigue siendo irregular.
En algunos casos, agentes federales podrían estar presentes durante las entrevistas con estos patrocinadores, lo que ha generado temor en comunidades migrantes, especialmente entre familias indocumentadas.
“Estamos viendo un desmantelamiento sistemático de las protecciones legales diseñadas para estos niños”, concluyó Desai. “El Congreso aprobó estas leyes con apoyo bipartidista para protegerlos. Pero ahora están siendo ignoradas”.
Aunque el DHS insiste en que la medida busca asegurar la reunificación familiar en los países de origen, defensores de los migrantes consideran que se trata de una estrategia para reducir rápidamente la presencia de menores migrantes, sin considerar el impacto emocional y legal de estas decisiones.
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