El ex-ministro de Economía y Planificación cubano, Alejandro Gil Fernández, enfrenta desde este martes un proceso judicial de alto perfil, celebrado a puertas cerradas en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular de Cuba.
El tribunal, según fuentes oficiales, solo permitirá la entrada de partes autorizadas “por razones de seguridad nacional”.
Gil Fernández, quien fuera designado ministro en 2018 y luego viceprimer ministro, fue destituido en febrero de 2024 tras una gestión marcada por la polémica “Tarea Ordenamiento” y una caída profunda de la economía cubana.
Según comunicados oficiales, está acusado de delitos que incluyen espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos, falsificación de documentos y otros.
Mientras tanto los alrededores del tribunal lucen fuertemente custodiados por la Seguridad del Estado (Cuba) y otros órganos de control, lo que añade una atmósfera de secretismo al proceso.
Según el perfil de Lara Crosf “este es un evento vergonzoso, una simple cortina de humo para que el pueblo olvide sus penurias… seguimos siendo un país sin libertad y oprimido por una tiranía”.
Este juicio no solo marca un antes y un después en la historia reciente del régimen cubano —por tratar a un antiguo alto funcionario por cargos de espionaje y corrupción en medio de una crisis económica prolongada—, sino que plantea muchas preguntas entre los ciudadanos: ¿Quienes más estarán implicados?, ¿qué responsabilidades superiores existen?, ¿será un proceso transparente o un espectáculo más del aparato estatal?
La familia del acusado, según reportes, ha exigido que el proceso sea público y televisado, mientras el régimen insiste en mantener todo bajo reserva.
En ese marco, la comunidad internacional y los observadores de derechos humanos están atentos al desenlace del caso, que podría tener implicaciones políticas, económicas y sociales de largo alcance para Cuba.
Este episodio se produce en un momento en que el pueblo cubano está golpeado por desastres naturales, crisis humanitaria y falta de respuesta estructural.
Que el juicio a un ex-ministro se celebre en medio de tanto sufrimiento añade al malestar y la sensación de prioridad invertida: mientras el Estado dedica recursos para un proceso simbólico, vastas regiones del país siguen sin lo esencial.
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