En la pequeña localidad de Guamuta, municipio El Cobre (Santiago de Cuba), un joven identificado como Yoel Alejandro Pérez protagonizó un inusual acto de valentía al enfrentar directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel durante su visita a zonas afectadas por el huracán Melissa.
Según un reporte del periodista Mario Vallejo en Instagram, Pérez, trabajador por cuenta propia, alzó la voz para exigir atención a las familias cuya situación sigue desamparada tras el paso del ciclón. En su intervención, denunció la falta de respuesta estatal, el abandono de viviendas destruidas y la precariedad de quienes sobreviven alojados en casas de familiares o amigos.
El momento fue captado en video y difundido por el artista exiliado Omar Sayut Taquechel, quien destacó el coraje del joven al interpelar al mandatario en público, un gesto casi inédito en un país donde la libertad de expresión está severamente restringida.
Tras el incidente, Yoel dejó de responder llamadas y mensajes, lo que generó alarma entre vecinos y familiares. Durante dos días se temió por su seguridad, hasta que se confirmó que se encontraba a salvo junto a su esposa, su abuela y su familia. En redes sociales, su acción fue celebrada como un gesto de “decoro y dignidad”, aunque abundaron las advertencias sobre posibles represalias.
El contexto en el que ocurrió el reclamo es crítico: el huracán Melissa —con vientos de hasta 200 km/h— dejó más de 90.000 viviendas dañadas, 100.000 hectáreas de cultivos destruidas y 3,5 millones de damnificados, según estimaciones de la ONU, que activó un plan de respuesta humanitaria valorado en 74,2 millones de dólares.
Las consecuencias se extienden a todos los sectores: más de 400 centros de salud y 1.500 escuelas resultaron afectados, mientras miles de estudiantes permanecen sin clases y algunas instituciones funcionan como refugios temporales.
El sector agrícola también enfrenta pérdidas masivas: cultivos esenciales como plátano, maíz, yuca y café fueron devastados, afectando unas 78.700 hectáreas.
El gobierno cubano ha aceptado ayuda internacional, incluida una donación de tres millones de dólares del gobierno de Estados Unidos, canalizada a través de la Iglesia Católica. No obstante, la decisión de supervisar directamente la distribución ha generado dudas sobre la transparencia del proceso.
Desde Washington, el Departamento de Estado reiteró que la asistencia está destinada “al pueblo cubano, no al régimen”, mientras en el oriente del país persisten los apagones, el hambre y la falta de atención médica, agravando una crisis que muchos consideran sin precedentes en la Cuba reciente.
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