La visita de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, visita a Cuba hasta el venidero 21 de noviembre para “evaluar el impacto del embargo” de Estados Unidos, que ha generado un amplio debate.
El interrogante central es si dicha evaluación abarcará también, de forma crítica e independiente, otros elementos clave que afectan la vida de los cubanos: la represión política, las restricciones a la sociedad civil, la sistemática violación de libertades, y la incapacidad estructural del Estado para garantizar derechos básicos.
Resulta legítimo examinar el embargo estadounidense —un conjunto de sanciones que se remontan a más de seis décadas. La relatora ha expresado que analizará “diversos sectores afectados por sanciones unilaterales, sobrecumplimiento y ejecución” en su visita a La Habana. Sin embargo, algunos analistas y reportes destacan que la agenda parece centrarse casi exclusivamente en las sanciones externas, mientras que los factores internos —como las políticas del propio régimen cubano, el control estatal de la economía, la falta de participación ciudadana y la represión— reciben menos atención.
Un tema relevante es cómo el embargo puede efectivamente afectar a la población, pero también cómo el gobierno cubano podría estar priorizando recursos en “otros fines” distintos al bienestar común.
Por ejemplo, mientras muchas farmacias carecen de medicamentos, el turismo y ciertos negocios parecerían gozar de inversiones y privilegios especiales. Esto plantea la pregunta: ¿cuánta parte del deterioro cotidiano recae en las sanciones externas y cuánta en decisiones y estructuras internas?
La experiencia de organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional confirma que existen detenciones arbitrarias, restricciones de libertad de expresión, hostigamiento a activistas, y un espacio cívico que no está abierto de manera plena en Cuba.
Si la visita de la relatora no permite acceso libre y seguro a estas voces críticas —familiares de presos políticos, activistas independientes, periodistas— la evaluación podría quedar limitada a la versión oficial del régimen.
Por lo tanto, la clave estará en qué preguntas se harán, a quiénes se entrevistará y cómo se interpretarán los hallazgos. No se trata únicamente de “cuánto daño hace el embargo” sino también de “quién gestiona los recursos y cómo se organiza la economía y la sociedad en la Isla”.
En definitiva: Cuba no solo está bloqueada por sanciones externas, sino que también hay un sistema interno de poder que determina la distribución de recursos, la salud, la educación y la libertad. Ese llamado bloqueo interno que tanto daño hace.
Para que este ejercicio sea más que un gesto diplomático, sería deseable que la relatora incluya en su informe una evaluación amplia que no omita la represión, la corrupción, el gasto público en defensa del aparato represor y la ausencia de mecanismos genuinos de participación democrática.
En ese sentido, la cuestión no es solamente “¿qué efectos tienen las sanciones?” sino “¿por qué, con los recursos que ha tenido Cuba y con la red de relaciones que mantiene, la población sigue viviendo en condiciones tan precarias?”.
Este análisis más profundo permitiría que la comunidad internacional comprenda de verdad la complejidad del sufrimiento del pueblo cubano y no se quede en explicaciones simplistas.
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