Un nuevo escándalo de corrupción sale a la luz en Santiago de Cuba, donde varios trabajadores de la Fábrica de Cemento, en complicidad con individuos externos a la entidad, fueron sorprendidos desviando materiales de construcción destinados a obras estatales para venderlos ilegalmente en el mercado informal.
Según reportes oficiales, los implicados habían planificado cuidadosamente la operación: los materiales extraídos serían transportados hacia la provincia de Holguín, donde ya se había acordado su venta a precios muy por encima de los establecidos. El traslado se haría en un camión, cuya carga fue interceptada por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) en las cercanías de la localidad La República.
La intervención policial permitió recuperar los recursos y devolverlos a la fábrica. Sin embargo, más allá de la eficacia del operativo, el hecho vuelve a poner en evidencia el creciente grado de corrupción que afecta a sectores estratégicos del país, donde el desvío de materiales de la construcción se ha convertido en una práctica frecuente, alimentada por la escasez y la falta de control institucional.
Este tipo de delitos, cada vez más comunes, no podrían concretarse sin cierto nivel de complicidad dentro de las estructuras administrativas. Resulta difícil imaginar que cargamentos enteros puedan salir de una fábrica estatal sin el conocimiento o la tolerancia de superiores o responsables de la custodia de los recursos. La operación, según fuentes cercanas al caso, sugiere la existencia de una red interna que facilitaba el movimiento y la venta de materiales fuera de los canales oficiales.
En Cuba, el desvío de recursos materiales, especialmente en el sector de la construcción, se ha convertido en un fenómeno extendido que refleja la profunda crisis económica y moral que atraviesa el país. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de “hechos aislados”, la reiteración de estos casos demuestra que la corrupción está cada vez más arraigada en todos los niveles de gestión estatal.
El mercado informal, por su parte, continúa siendo el espacio donde estos bienes terminan comercializándose a precios exorbitantes, inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos. En este contexto, los materiales destinados a obras públicas o a programas de vivienda frecuentemente acaban alimentando un circuito ilegal que se sostiene gracias a la impunidad y al deterioro del control institucional.
Las autoridades señalaron que el enfrentamiento al delito y las ilegalidades seguirá siendo una prioridad, destacando el compromiso de las fuerzas del orden con la tranquilidad ciudadana y la protección de los recursos del Estado. No obstante, la sociedad cubana observa con escepticismo este tipo de declaraciones, conscientes de que mientras la corrupción siga siendo estructural y la impunidad una constante, estos episodios continuarán repitiéndose.
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