El juicio oral contra Alejandro Miguel Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación y ex viceprimer ministro de Cuba, comenzará este martes 11 de noviembre de 2025 a las 9:30 de la mañana en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular. Sin embargo, este proceso judicial —uno de los más esperados del año— no será televisado ni contará con acceso público, según confirmó una nota oficial del Tribunal Supremo publicada este lunes.
De acuerdo con el comunicado, “por razones de Seguridad Nacional asistirán al juicio las partes y las personas autorizadas por el tribunal”, lo que implica que el régimen limitará la asistencia únicamente a funcionarios, representantes judiciales y personas seleccionadas por el propio tribunal. Esto refuerza la decisión del gobierno de mantener el proceso fuera del escrutinio público y mediático, pese al enorme interés que despierta dentro y fuera del país.
El Tribunal Supremo justificó la medida en base a los artículos 153 de la Constitución de la República de Cuba y 477.1 de la Ley del Proceso Penal, que permiten restringir la publicidad de los juicios cuando se invoquen cuestiones de seguridad nacional. Sin embargo, para muchos observadores, el carácter cerrado del proceso reaviva las dudas sobre la transparencia y el debido proceso en un caso de fuerte carga política.
Según la nota oficial, tanto Gil Fernández como sus abogados han tenido acceso al expediente completo y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, y la defensa ya presentó sus conclusiones ante el tribunal. Con ello, las autoridades insisten en que se han respetado los derechos procesales del acusado.
Alejandro Gil Fernández fue destituido el 2 de febrero de 2024, en medio de una crisis económica sin precedentes, poco después del anuncio de un aplazamiento en el aumento del precio de los combustibles. Un mes más tarde, el 7 de marzo, se confirmó oficialmente que se encontraba bajo investigación penal por “graves errores” en su gestión.
El exministro, que durante años fue una de las figuras más visibles del gobierno cubano en materia económica, reconoció las acusaciones en su contra y renunció al Partido Comunista y a su escaño en la Asamblea Nacional. Su caída marcó un giro significativo dentro del gabinete de Miguel Díaz-Canel, que intentó con ello enviar una señal de control y responsabilidad institucional en medio del deterioro económico del país.
La falta de detalles sobre los cargos exactos y las pruebas presentadas contra Gil Fernández, así como la decisión de celebrar el juicio a puerta cerrada, han alimentado la especulación sobre posibles pugnas internas dentro del aparato político cubano. Algunos analistas consideran que el proceso busca dar una lección ejemplarizante en un contexto de creciente descontento social y de crisis estructural.
Por ahora, no se ha informado cuántos días durará el juicio ni si se emitirá algún parte oficial con los resultados del proceso. Lo que sí está confirmado es que el caso permanecerá bajo estricto control del Estado, y que solo se divulgará la información que el propio Tribunal Supremo decida hacer pública.
La ausencia de transmisión televisiva y la restricción de acceso confirman que la causa de Alejandro Gil se desarrollará bajo el más absoluto hermetismo, en un entorno donde el poder judicial continúa actuando bajo la sombra del control político del régimen.
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