El caso de Narciso Amador Fernández Ramírez despierta indignación en la comunidad cubana del exilio. Este individuo, de 65 años, fue uno de los más fieles defensores del régimen castrista desde su tribuna como periodista en medios oficiales como Vanguardia y Cubahora.
Sin embargo, actualmente reside en Homestead, Florida, donde recibe beneficios sociales como cupones de alimentos, asistencia médica subsidiada y pagos en efectivo, financiados por los contribuyentes estadounidenses, a quienes atacó sistemáticamente durante décadas.
Una investigación del periodista Mario J. Pentón reveló que Fernández Ramírez entró a Estados Unidos en marzo de 2024 beneficiado por el programa de parole humanitario. Lo más llamativo del caso es la contradicción entre su militancia ideológica y su nueva vida en un país que, según él mismo escribió en múltiples ocasiones, representaba el “imperialismo enemigo”.
En uno de sus artículos más conocidos, “Fidel, el primero en todo” (2017), Fernández afirmaba que “todos somos Fidel”, exaltando la figura del dictador. En 2019, arremetió contra la Brigada 2506, calificando a sus integrantes como “ratas” y “mercenarios”.
Actualmente, este ex propagandista del Partido Comunista de Cuba espera su residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, lo que le abriría la puerta a beneficios como el Seguro Social y Medicare.
Según el abogado de inmigración Ismael Labrador, esto podría constituir fraude migratorio. “Una simple búsqueda en Google habría mostrado que este hombre era un vocero del régimen”, explicó. Labrador señala que ocultar su vínculo con el régimen podría invalidar su proceso migratorio y abrir la puerta a una posible deportación.
El caso de Fernández no es un hecho aislado. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha documentado decenas de ejemplos similares. Uno de ellos es el de Daniel Morejón García, ex funcionario del Ministerio del Interior cubano, arrestado en abril de 2025 en Miami por no revelar su pasado represivo.
También están los casos de Melody González Pedraza, jueza cubana ahora solicitante de asilo en EE. UU., y Héctor Alejandro Hernández Morales, teniente coronel de la Seguridad del Estado.
Este fenómeno ha generado preocupación entre organizaciones del exilio, que ven cómo individuos que en Cuba reprimieron, delataron y difamaron a opositores, ahora se benefician de programas diseñados para proteger a quienes huyen de esa represión.
La doble moral de estos casos revela un patrón preocupante: antiguos defensores del régimen que, tras gozar de privilegios en la Isla, emigran en busca de las libertades y ventajas económicas que negaron a sus conciudadanos.
Mientras las autoridades estadounidenses revisan estos casos, muchos se preguntan cuántos otros como Narciso Fernández aún pasan desapercibidos, ocultando su pasado ideológico para integrarse a la sociedad que tanto despreciaron.
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