Zoila Esther Chávez Pérez, madre del escritor y preso político cubano José Gabriel Chávez Barrenechea, se encuentra en estado crítico. A sus 84 años, y con un diagnóstico devastador de cáncer de vejiga con metástasis en la uretra y los riñones, Zoila agoniza en su cama, sin apenas fuerzas para hablar o comer. Su estado físico, según testigos cercanos, se deteriora aceleradamente en medio de condiciones extremadamente precarias, agravadas por la ausencia de su hijo, quien además era su único cuidador.
Desde el pasado 21 de abril, cuando fue trasladada de emergencia al hospital provincial de Santa Clara por un nivel peligrosamente bajo de hemoglobina, la salud de Zoila no ha hecho más que empeorar.
A pesar de la gravedad de su estado, fue enviada de vuelta a casa, donde permanece postrada e inmóvil, dependiendo exclusivamente de sus familiares para recibir cuidados básicos.
El encarcelamiento de José Gabriel en noviembre de 2024 marcó un punto de quiebre en la vida de Zoila. La angustia emocional, la tristeza profunda y la soledad han acelerado su deterioro físico.
En un intento desesperado por ofrecerle un último momento de consuelo, su familia solicitó un permiso humanitario para que el hijo pudiera verla antes de morir. La respuesta de las autoridades penitenciarias ha sido tan contundente como cruel: el jefe de la prisión La Pendiente, Yuriannis Speed Rosillo, declaró que “solo verá a su madre cuando se muera.”
Este acto de negación ha sido calificado por activistas de derechos humanos como una muestra flagrante de deshumanización.
Sayli Velázquez, defensora de derechos civiles, denunció en su cuenta de Facebook: “Negar un último encuentro entre madre e hijo no solo es injustificable, es un castigo adicional y una violación directa a la dignidad humana; Exigimos una respuesta inmediata.” Otros organismos independientes se han unido a la denuncia, recordando que el Estado cubano, incluso en contextos de privación de libertad, tiene la obligación legal y moral de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo el acceso a medidas humanitarias.
Mientras tanto, Zoila agoniza sin paz, sostenida apenas por la esperanza de ver una vez más a su hijo. Y Cuba, ante esta tragedia silenciada, enfrenta otra dura evidencia del costo humano del castigo político.
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