Un nuevo escándalo de corrupción salpica las relaciones entre México y Cuba, tras revelarse que la Embajada de Cuba en México recibió más de 900 mil dólares estadounidenses por servicios que nunca se realizaron. La investigación, impulsada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), expuso que durante la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), se firmaron contratos con el régimen cubano para entrenadores y pruebas antidopaje que jamás existieron.
Según el informe oficial, en 2019 la Conade celebró un convenio con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba (INDER), mediante el cual se pactó el envío de 29 entrenadores cubanos para capacitar a deportistas mexicanos. Sin embargo, no existe registro alguno de su llegada al país, ni documentos que acrediten la realización de las actividades por las cuales se desembolsaron los fondos.
El dinero, equivalente a 15 millones 572 mil 524 pesos mexicanos —unos 912 mil dólares al tipo de cambio actual—, fue transferido directamente a la Embajada de Cuba en México en cinco pagos bancarios, supuestamente destinados a cubrir los honorarios de los entrenadores y los costos de pruebas antidopaje.
La auditoría determinó que no existe evidencia de que los servicios se hayan prestado, y que los funcionarios involucrados carecían de facultades legales y presupuestales para comprometer los recursos públicos. “Los pagos fueron realizados sin los dictámenes de procedencia ni la aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, subrayó la ASF, que calificó el hecho como un daño directo al erario mexicano.
A este fraude se suma otro componente: la simulación de 1,287 pruebas antidopaje supuestamente realizadas en un laboratorio cubano, por las que la Conade pagó 8.5 millones de pesos (cerca de 500 mil dólares). No se hallaron resultados, listados ni evidencia de que las muestras de orina y sangre se hubieran procesado.
Estas operaciones fraudulentas, que la ASF considera parte de una red de corrupción institucionalizada, beneficiaron económicamente a la representación diplomática cubana, convirtiendo a la embajada en un canal para desviar recursos públicos bajo la fachada de cooperación deportiva. En conjunto, las irregularidades detectadas en esta auditoría podrían representar más de 70 millones de pesos mexicanos —aproximadamente 4.1 millones de dólares— en pérdidas para el Estado mexicano.
El caso no solo involucra a funcionarios mexicanos, si no que evidencia cómo el régimen de La Habana ha aprovechado acuerdos bilaterales para obtener ingresos ilícitos del exterior, en un contexto donde el gobierno cubano depende cada vez más de la exportación de servicios profesionales y convenios estatales para captar divisas.
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el papel de la embajada cubana y de los funcionarios de la Conade en esta operación, y advirtieron que el dinero “terminó alimentando la maquinaria corrupta del régimen castrista”.
(Con información de Record)
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