Una mujer, madre de familia, fue arrestada en el municipio Marianao, La Habana, tras ser acusada de traficar con la droga conocida como “crack”. El hecho, ocurrido en el reparto Cocosolo, fue reportado por el perfil oficialista El Cubano Fiel, que aseguró que la detenida “olvidó su papel social como mujer y madre al preferir lucrar con su negocio tóxico”.
Según la información divulgada, efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria realizaron un operativo en la vivienda de la acusada, donde se ocupó la sustancia ilegal. Testigos relataron que varios autos patrulleros llegaron de forma sorpresiva al lugar y que un grupo de oficiales entró a la casa tras mostrar una orden de registro. Posteriormente, la mujer fue detenida y trasladada bajo custodia policial.
Vecinos de la zona describieron a la arrestada como una persona de carácter conflictivo y con antecedentes de problemas con la autoridad. La calificaron como una de esas “fajarinas de barrio” que suelen protagonizar incidentes y altercados. En esta ocasión, la acusación va más allá de la violencia verbal o los roces con la policía: se le atribuye un delito grave vinculado al tráfico de drogas, una problemática que ha ido ganando terreno en comunidades cubanas.
El caso ha generado especial controversia porque la detenida es madre, lo que ha desatado comentarios sobre la responsabilidad social y familiar. Para algunos residentes, resulta inconcebible que una mujer con hijos ponga en riesgo no solo su vida y su libertad, sino también el futuro de su familia, al involucrarse en un negocio ilícito de alto peligro.
Por su parte, la publicación de El Cubano Fiel subrayó que la captura representa “una droga menos en las calles”, en referencia al impacto social de este tipo de operativos. No obstante, el desenlace dependerá ahora de los tribunales, que deberán evaluar las pruebas presentadas por la policía y determinar la condena correspondiente.
El tráfico de drogas en Cuba ha sido un tema recurrente en los últimos años, a pesar de la severidad de las leyes. Las autoridades suelen destacar que el país mantiene una política de “tolerancia cero” contra este tipo de delitos, con sanciones que incluyen largas penas de privación de libertad. Sin embargo, casos como este muestran que persisten redes locales de distribución que afectan directamente a barrios y comunidades.
En este escenario, el hecho de que una madre se encuentre implicada en un negocio tan riesgoso y destructivo resalta la dimensión social del problema. Más allá de la infracción legal, la situación revela la fragilidad de muchas familias que, por distintas razones, terminan expuestas a contextos de violencia, ilegalidad y consumo de drogas.
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