Un juez federal de Chicago emitió una orden histórica que obliga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a garantizar condiciones básicas de higiene y dignidad en su centro de detención de Broadview, luego de que un grupo de inmigrantes denunciara haber sido retenido en entornos “inhumanos”.
La medida, con vigencia inicial de 14 días, exige limpieza diaria, colchones limpios, acceso a productos de higiene, alimentos adecuados y comunicación gratuita con abogados.
“Nadie debería dormir junto a un inodoro desbordado ni uno encima del otro”, sentenció el juez Robert Gettleman, visiblemente indignado por los testimonios presentados. En su fallo ordena además que los detenidos puedan ducharse al menos cada dos días y reciban tres comidas completas y agua potable cuando lo necesiten. El magistrado calificó las condiciones observadas como “innecesariamente crueles” y exigió un informe oficial antes del viernes detallando las acciones correctivas.
Las denuncias incluyen hacinamiento extremo, falta de medicamentos, agua contaminada con olor a alcantarilla y celdas sin ventilación. Los abogados defensores de los inmigrantes presentaron fotos, videos y declaraciones juradas que el juez consideró “altamente creíbles”. ICE aún no ha emitido respuesta pública.
El caso ha destapado un creciente escándalo sobre el trato a los inmigrantes en el área de Chicago. En otra audiencia paralela, el alto funcionario Greg Bovino defendió el uso de la fuerza de los agentes del ICE durante manifestaciones, pese a videos que lo muestran lanzando gases lacrimógenos y sujetando violentamente a manifestantes, entre ellos un pastor local que oraba frente al recinto.
Activistas, periodistas y residentes han denunciado agresiones con bolas de pimienta, gases químicos y arrestos arbitrarios. “Podía ver dentro del cañón del arma que me apuntaba un agente”, declaró la joven organizadora Leslie Cortez. “Creí que me iban a disparar”.
La jueza Sara Ellis ya había prohibido el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos y ordenado cámaras corporales para los agentes, pero las violaciones persisten. El creciente número de demandas contra el ICE y la presión pública podrían obligar a una reforma profunda en los centros de detención.
El caso Broadview se ha convertido en símbolo del clamor por humanidad y rendición de cuentas. En palabras del juez Gettleman: “Esto no es política migratoria; es una cuestión de derechos humanos”.
Fuente: AP
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