La Caja de Resarcimientos es la entidad pública que tiene como misión garantizar la reparación de daños y perjuicios económicos derivados de actos delictivos. Su operación se basa en principios de autofinanciamiento y descentralización, permitiendo una gestión más eficiente de los pagos a las víctimas. Junto con la Resolución 438/2024 del Ministerio de Justicia, este decreto establece nuevas disposiciones para la reparación económica a las víctimas de delitos, resaltando la responsabilidad de los herederos legales en caso de fallecimiento de los sancionados.
Entre las nuevas disposiciones publicadas en la Gaceta se destaca que, si el sancionado fallece, sus herederos legales serán responsables de saldar las deudas pendientes relacionadas con la reparación de daños. Esto busca garantizar que las víctimas no queden desprotegidas y que se cumpla lo establecido en las resoluciones judiciales firmes.
Herederos del sancionado: En caso de fallecimiento del deudor, los herederos deberán asumir la deuda hasta el valor del patrimonio heredado. Además, si no cumplen con los plazos establecidos, se les aplicará un recargo inicial del 10% sobre el monto adeudado y un 2% adicional por cada incumplimiento en los pagos fraccionados.
Herederos de la víctima: Si la víctima fallece, sus herederos podrán reclamar los pagos correspondientes previa presentación de documentación que los acredite como legítimos sucesores.
En caso de que el deudor o sus herederos incumplan con las obligaciones de pago, la Caja tiene facultades para:
Imponer recargos: Un 10% inicial y un 2% adicional por plazos vencidos.
Embargo de bienes y salarios: La Caja puede embargar bienes, derechos patrimoniales o salarios del sancionado. Las entidades responsables de los embargos tienen un plazo máximo de 5 días hábiles para remitir los montos retenidos.
Utilizar fondos propios: En casos de insolvencia comprobada del sancionado, la Caja podrá asumir los pagos a las víctimas si dispone de recursos suficientes.
En situaciones de recursos limitados, la Caja priorizará el pago de pensiones vencidas.
La Caja opera con ingresos provenientes de multas judiciales, bienes decomisados, recargos por mora y otros pagos obligatorios. Sin embargo, varias dependencias provinciales han presentado problemas de liquidez, dificultando su capacidad para cumplir con todas las obligaciones pendientes.
El nuevo marco legal refuerza la importancia de la responsabilidad civil derivada de los delitos, asegurando una mayor protección a las víctimas. A su vez, establece mecanismos claros para garantizar que las obligaciones económicas se cumplan, incluso en casos de fallecimiento del deudor.
Con estas disposiciones, el gobierno cubano busca mejorar la efectividad del sistema de justicia penal y garantizar un acceso más equitativo a la reparación de daños en un contexto socioeconómico complejo.
Sobran los ejemplos que demuestran lo inoperante que resulta la caja de resarcimientos. Con estas adiciones, muchos internautas, perjudicados por ella, muestran escepticismo. "A mí me chocaron, estuve dos meses de baja en el trabajo y al final, ni un mes de sueldo cobré", dijo uno de ellos mientras una cubana "se quejaba del mal trato sufrido y la ninguna atención recibida siendo ella la persona dañada" ¿Qué funcionará en la Isla?