Cuba vivió un mes de julio marcado por un repunte en las expresiones de descontento social, con 845 protestas, denuncias y actos cívicos registrados por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), de las cuales 209 fueron desafíos directos al Estado. Es el segundo mes consecutivo que esta cifra supera las 200, tras los 283 casos reportados en junio, confirmando una tendencia de creciente oposición ciudadana.
El malestar se alimentó de la crisis de servicios públicos, la represión estatal, y la insensibilidad institucional, como en el caso de la ministra de Trabajo, Marta Elena Feito, cuya declaración negando la existencia de mendigos en Cuba provocó una oleada de indignación y su posterior destitución.
Las protestas más confrontativas se produjeron en rechazo al X Pleno del Partido Comunista y a la sesión parlamentaria, tildadas por muchos como totalmente desconectadas de la realidad nacional.
En paralelo, el OCC documentó 170 actos de represión, entre ellos operativos para impedir la asistencia de opositores a una celebración diplomática en La Habana y las conmemoraciones del 11J. El informe también señala siete golpizas al preso político José Daniel Ferrer y la muerte del opositor Yan Carlos González, tras 40 días en huelga de hambre.
Los apagones de hasta 30 horas en la mitad del país motivaron 138 protestas relacionadas con los servicios básicos, muchas de ellas en forma de bloqueos callejeros. En redes sociales circularon decenas de denuncias virales.
Otras 100 protestas se centraron en temas sociales como el trabajo infantil, abusos en el servicio militar y situaciones extremas de pobreza urbana.
En cuanto a alimentación e inflación, se registraron 90 protestas ante la drástica reducción de la canasta básica. Una emprendedora calculó que una familia de seis personas necesita 93.000 pesos mensuales para alimentarse dignamente, en un país donde los ingresos promedios no alcanzan 20.000 CUP.
La inseguridad ciudadana sumó 83 denuncias, con 19 muertes violentas, incluyendo feminicidios, infanticidios, y robos agresivos de motos eléctricas.
En salud pública, el OCC reportó 41 quejas por la escasez de medicamentos, aumento de enfermedades como dengue o hepatitis, y condiciones precarias en hospitales.
La falta de vivienda también se cobró vidas: cuatro personas murieron en derrumbes en julio, entre ellas una niña y sus padres en La Habana Vieja.
El OCC advierte que este aumento sostenido de protestas refleja un deterioro profundo del contrato social entre Estado y ciudadanía. Mientras la represión aumenta, crece el hartazgo ante una crisis económica, institucional y humanitaria que no muestra signos de mejora.
En lo que va de 2025, la protesta ciudadana se consolida como patrón de respuesta social, con una población cada vez menos dispuesta a permanecer en silencio.