El caso de Rigoberto Albizar-Martínez, un cubano de 58 años, vuelve a poner bajo los reflectores la relación entre inmigración, seguridad y política en Estados Unidos. Tras cumplir una condena federal de un año en prisión, el hombre fue arrestado nuevamente, esta vez por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a las amenazas que lanzó contra la congresista demócrata Kathy Castor, en Tampa.
Los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando Albizar-Martínez dejó un mensaje de voz cargado de insultos y con una amenaza explícita: colocar una bomba en la oficina de la legisladora.
En mayo de 2025 fue sentenciado y, tras cumplir su pena, quedó bajo custodia de ICE como parte de las redadas enfocadas en inmigrantes indocumentados con historial delictivo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue contundente. Su subsecretaria, Tricia McLaughlin, subrayó que “no hay lugar para la violencia política en Estados Unidos” y agradeció la labor de los agentes que, según dijo, retiraron de las calles a un individuo considerado un riesgo para la seguridad pública.
La detención, sin embargo, ha generado debate dentro de la comunidad cubana. Mientras algunos aplauden la acción de las autoridades por tratarse de una amenaza seria contra una funcionaria electa, otros advierten sobre el estigma que estos episodios generan contra miles de inmigrantes que llevan décadas construyendo vidas pacíficas y productivas en el país.
Albizar-Martínez no es el único caso reciente. En las últimas semanas, ICE ha reportado la detención de otros inmigrantes cubanos con antecedentes criminales en Los Ángeles y San Diego, alimentando la percepción de que existe un patrón preocupante.
Sin embargo, organizaciones proinmigrantes insisten en que no debe confundirse la conducta de unos pocos con la de toda una comunidad.
El trasfondo se complica aún más por la política migratoria entre Washington y La Habana. En múltiples ocasiones, Cuba ha rechazado recibir a nacionales con historial penal, lo que obliga a EE.UU. a buscar soluciones alternativas, como la deportación a terceros países.
El caso Albizar-Martínez expone, una vez más, la tensión entre la necesidad de garantizar la seguridad nacional y el riesgo de criminalizar a comunidades enteras por las acciones de individuos aislados.
La pregunta que queda abierta es: ¿cómo proteger a la sociedad sin alimentar prejuicios hacia quienes llegaron buscando una vida mejor?
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