Este fin de semana, Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Partido Comunista en Las Tunas, salió en televisión a defender la política de ocultamiento de los casos de corrupción, asegurando que la información solo se dará a conocer cuando al régimen le convenga. En su intervención, lejos de reconocer la magnitud del problema, se dedicó a descalificar las críticas de la ciudadanía y de periodistas, incluso aquellos de medios oficiales que han cuestionado la gestión del Partido en la provincia.
Rodríguez repitió el ya conocido discurso del régimen: “la información llegará a su debido tiempo”, amparándose en la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero detrás de esas palabras se oculta la estrategia de siempre: no informar hasta que ya no haya forma de ocultar la corrupción, mientras aquellos que denuncian en redes sociales son marcados como enemigos del régimen.
En su discurso, Rodríguez también dejó claro que, aunque la gente tiene derecho a expresar sus inconformidades, "no deben dañar la dignidad de las personas ni la propiedad", es decir, se permite criticar, pero solo bajo las reglas del Partido, lo que confirma que la libertad de expresión en Cuba sigue siendo una quimera.
La situación en Las Tunas refleja la desconfianza creciente dentro de la propia estructura del régimen. En abril, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la provincia arrastra graves problemas sociales y económicos, incluyendo la corrupción entre empresas estatales y actores privados. La corrupción, que inicialmente el régimen decía promover como complemento económico, hoy está en el ojo del huracán debido a irregularidades y desvío de recursos.
En Puerto Padre, el escándalo de malversación de fondos llevó a la condena de la exintendenta Maricela Alonso Ojeda a siete años de prisión, y a Mario Quirino Infante Sosa, exadministrador del Palacio de Pioneros, a seis años. Otros miembros del Partido y del Poder Popular en el municipio también fueron señalados por robo de combustible, falsificación de documentos y reventa ilegal de productos, pero muchos consideran estas sanciones como castigos simbólicos que no atacan la raíz del problema: un sistema podrido que genera corrupción desde arriba hasta abajo.
El descontento también se agudiza con el despido de Walter Simón Noris, quien fue destituido como primer secretario del PCC en Las Tunas en marzo sin explicación oficial, lo que solo aumentó la desconfianza entre la población. Además, el escándalo por leche adulterada con agua destinada a niños de cero a siete años terminó de desatar la indignación. Aunque el Partido prometió medidas drásticas, hasta hoy no se sabe nada concreto sobre los responsables ni sobre las garantías para que algo así no vuelva a ocurrir.
Mientras tanto, el caso de Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y uno de los mayores casos de corrupción en décadas, sigue siendo un misterio. A pesar de su destitución por "graves errores", el proceso permanece bajo un manto de silencio, y el régimen evita hacer comentarios sobre su gestión, que incluyó decisiones tan controvertidas como la bancarización, el control de las remesas y el desastroso ordenamiento monetario.
Hoy, mientras el Partido Comunista sigue controlando la información, el pueblo pierde la confianza en sus dirigentes. La corrupción no es vista ya como un simple desvío, sino como una parte estructural del sistema. Y aunque el régimen se empeñe en ocultar la verdad, el descontento popular sigue creciendo.
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