El Gobierno de La Habana anunció este lunes la entrada en vigor de una resolución que fija precios máximos de compra y venta para diversos productos agropecuarios, con el objetivo de “regular la comercialización” y, según las autoridades, garantizar mayor equidad en el acceso a los alimentos.
La disposición, firmada por la gobernadora Yanet Hernández Pérez, abarca los distintos canales de distribución estatales y privados, e introduce cambios en las reglas que regían hasta el momento en la capital cubana.
El documento establece precios máximos de compra al productor, así como de venta mayorista y minorista en los mercados estatales y arrendados a entidades de la agricultura. Esto incluye a los mercados bajo gestión de Acopio, los administrados por OSDEs y empresas agropecuarias, así como los pertenecientes al Ejército Juvenil del Trabajo y los puntos de venta de la Agricultura Urbana.
De igual forma, se definen topes minoristas para productos que se comercializan en mercados de oferta y demanda, cooperativas no agropecuarias, puntos gestionados por trabajadores por cuenta propia y los populares carretilleros. Las ferias agropecuarias también quedan sujetas a la regulación.
Otra de las disposiciones indica que, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, en La Habana no se realizarán concertaciones de precios a nivel municipal. Todos los territorios de la capital deberán regirse por lo dispuesto en esta resolución, que anula normativas anteriores, incluida la Resolución 69 del 28 de abril de 2025.
Las autoridades justifican la medida como un intento de ordenar el mercado, incrementar la transparencia en la comercialización de alimentos y proteger a los consumidores, en un contexto marcado por la crisis económica y el incremento del costo de vida. Según la resolución, el control estatal sobre los precios es necesario para evitar especulación y garantizar cierto nivel de estabilidad.
Sin embargo, entre los habaneros persiste la duda sobre la efectividad real de este tipo de disposiciones. En ocasiones anteriores, medidas similares han chocado con la escasez de productos, la falta de incentivos a los productores y el aumento del mercado informal.
Algunos consumidores temen que los topes de precios se traduzcan en menor abastecimiento en los mercados estatales, lo que obligaría a buscar alimentos en la calle a precios más altos. Por su parte, productores y vendedores señalan que, en un escenario de altos costos de insumos, transporte y combustible, vender bajo estos límites podría resultar insostenible.
A continuación se presentan los puntos fundamentales de la resolución, con el fin de facilitar su entendimiento por la población:
PRIMERO: Establecer precios máximos de compra al productor, mayoristas de acopio y minoristas para las entidades estatales y Mercados Arrendados a formas productivas de la Agricultura que participan en la comercialización de productos agropecuarios (Mercados Estatales gestionados por Acopio, Mercados arrendados a Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDEs) y Empresas Agropecuarias, Mercados del Ejército Juvenil del Trabajo y Mercados arrendados a formas productivas y puntos de ventas de la Agricultura Urbana gestionados estatalmente y puntos de ventas en áreas productivas.
SEGUNDO: Aprobar precios máximos minoristas para algunos productos agropecuarios que se comercializan en los Mercados de Oferta y Demanda gestionados por Acopio, Cooperativas No Agropecuarias, Mercados gestionados por Trabajadores por Cuenta Propia y carretilleros.
TERCERO: Aprobar precios máximos minoristas para algunos productos agropecuarios que se comercializan en las ferias agropecuarias.
CUARTO: Teniendo en cuenta las características de La Habana, no se realizarán las concertaciones de precios en los municipios y se rigen por los concertados en esta Resolución para toda la provincia.
QUINTO: Dejar sin efectos la Resolución 69 de 28 de abril de 2025 y cuantas normas jurídicas están en vigor con anterioridad, referente a la aprobación de precios mayoristas y minoristas de productos agropecuarios aprobados en este instrumento.
La nueva resolución refleja la apuesta del gobierno provincial por mantener un férreo control en medio de un panorama económico complejo, marcado por la inflación y la escasez crónica de alimentos. Mientras tanto, la ciudadanía espera que la medida logre, al menos, aliviar la presión sobre los bolsillos, aunque el reto de fondo sigue siendo la falta de oferta.