El caso de Roberto Mosquera del Peral, un cubano ferviente partidario de Donald Trump y seguidor del movimiento MAGA, ha generado indignación dentro y fuera de Estados Unidos tras conocerse que fue deportado por ICE al país africano de Esuatini, donde permanece encarcelado sin cargos ni acceso a defensa legal.
Mosquera, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas nueve años, era conocido en Miami por su apoyo público al presidente Trump y por participar en actos y concentraciones del movimiento conservador. Sin embargo, su lealtad política no evitó que terminara en una prisión de máxima seguridad en África, en un proceso que muchos consideran irregular.
Según informe del periodista Mario Vallejo, de Univisión Miami, ICE lo etiquetó como “asesino convicto”, aunque no existe evidencia judicial ni antecedentes penales que sustenten esa grave acusación. “Es un poco extraño que etiqueten a mi padre como un asesino cuando nunca ha cometido un crimen”, denunció su hija, quien exige una revisión urgente del caso.
El hombre fue deportado en julio junto a otros cuatro inmigrantes de distintos países —Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen— en el marco de un programa de expulsiones a terceros países impulsado por el gobierno de Trump. Desde entonces, Mosquera lleva más de tres meses detenido en Esuatini, una monarquía señalada internacionalmente por violaciones de derechos humanos.
Ante el abandono y la falta de respuestas, Mosquera inició el pasado 15 de octubre una huelga de hambre para llamar la atención del movimiento MAGA y de los medios estadounidenses. Su abogada, Alma David, advirtió en un comunicado que su vida “está en peligro” y calificó su detención como “arbitraria e inhumana”.
“Insto a los Servicios Correccionales de Esuatini a proporcionar información inmediata sobre su estado y a garantizar atención médica adecuada. Exijo que se le permita reunirse con su abogado”, afirmó la jurista.
Mientras tanto, organizaciones civiles dentro de Esuatini han presentado recursos ante los tribunales locales para impugnar la legalidad de mantener a ciudadanos extranjeros presos sin cargos, una práctica que ha sido criticada también por observadores internacionales.
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