El régimen cubano condenó a seis ciudadanos del municipio de Manicaragua, en la provincia de Villa Clara, a penas de entre cinco y seis años de prisión por participar en una protesta pacífica en reclamo de electricidad, donde los manifestantes utilizaron cacerolas y objetos metálicos para expresar su descontento ante los apagones.
De acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la sentencia —emitida por el Tribunal Provincial de Villa Clara bajo el expediente C-7-25— se enmarca dentro de los llamados “delitos contra la seguridad del Estado”, una categoría frecuentemente usada por el gobierno para castigar la disidencia.
Entre los condenados se encuentra José Águila Ruiz, sentenciado a seis años de prisión por “propaganda contra el orden constitucional”. Otros dos manifestantes, Raymond Martínez Colina y Carlos Hurtado Rodríguez, recibieron igual condena por “desórdenes públicos”, además de sanciones accesorias que incluyen restricciones de movimiento y pérdida de derechos políticos.
Asimismo, Osvaldo Agüero Gutiérrez, Narbiel Torres López —de solo 18 años— y Yoan Pérez Gómez fueron condenados a cinco años de cárcel por cargos similares. Todos permanecerán privados de libertad y con prohibición de salida del país.
Los hechos ocurrieron la noche del 20 de octubre de 2024, cuando más de un centenar de vecinos se concentraron frente a la sede del Gobierno municipal de Manicaragua para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. Según la sentencia, los manifestantes realizaron “toques de calderos y otros objetos metálicos”, gritando “¡Queremos corriente!”, lo que, según el tribunal, “alteró la tranquilidad ciudadana” e interrumpió la circulación vehicular.
El OCDH calificó la sentencia como “un fraude judicial”, asegurando que busca criminalizar la protesta cívica y castigar a quienes reclaman derechos básicos. “El fallo carece de pruebas sólidas y se apoya exclusivamente en testimonios de funcionarios del Ministerio del Interior y del gobierno local, lo que evidencia la falta de imparcialidad del tribunal”, señaló la organización.
La ONG también destacó que la resolución judicial contradice los principios del debido proceso y viola derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad de expresión. “La ausencia de delito debidamente probado debió conducir a la absolución de los acusados. En cambio, se les mantiene encarcelados ilegalmente desde octubre de 2024”, añadió el observatorio.
Según el informe, los testigos que sirvieron de base para la condena identificaron a los acusados “indistintamente” entre más de 100 personas, sin especificar el método empleado, lo que compromete la fiabilidad de las pruebas. Además, el lenguaje del fallo —que utiliza expresiones como “personas desafectas a la revolución” o “medios enemigos”— demuestra el sesgo político del tribunal, concluyó el OCDH.
Con este nuevo caso, el organismo advierte sobre el aumento de la represión en Cuba contra manifestantes pacíficos y la utilización del sistema judicial como herramienta para silenciar el descontento popular ante la crisis energética y social que atraviesa el país.
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