La paciencia de Washington parece haberse agotado. En un comunicado reciente, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó directamente al régimen cubano de sostener una “corrupción estructural” que mantiene al país sumido en la miseria, al tiempo que sus dirigentes acumulan fortunas en el extranjero.
De acuerdo con la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, las élites del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el aparato militar han “saqueado los recursos del país durante décadas”, enriqueciendo a una minoría privilegiada mientras la mayoría de los cubanos enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y hospitales sin medicinas.
“Eso no es un bloqueo —dice el comunicado—, eso es un régimen corrupto que roba a su propio pueblo.”
Las acusaciones se suman a una investigación del Miami Herald, que reveló que GAESA, el conglomerado militar que controla la economía cubana, administra más de 18.000 millones de dólares en activos líquidos. La cifra, según el diario, desmiente el discurso oficial de falta de divisas.
GAESA, una red de más de 25 empresas bajo control de las Fuerzas Armadas, monopoliza los sectores más rentables del país: turismo, remesas, comercio exterior, tiendas en MLC y transporte. Entre sus filiales destacan Gaviota, CIMEX, TRD Caribe y Almacenes Universales, todas manejando millones de dólares anuales sin supervisión pública.
Documentos filtrados a la prensa estadounidense indican que solo entre 2023 y 2024, GAESA transfirió 14.400 millones de dólares a bancos internacionales, equivalente al 76 % de su liquidez. A pesar de su rentabilidad, el conglomerado recibe subsidios estatales millonarios y está exento del pago de impuestos en divisas.
El economista Pavel Vidal fue categórico: “GAESA es un banco central paralelo. Mientras las empresas estatales colapsan, ellos acumulan divisas y concentran el poder económico.”
Activistas señalan la ironía de que con apenas 293 millones de dólares —una fracción de lo que GAESA oculta en el exterior— se podría financiar durante un año el sistema eléctrico y el suministro de medicinas.
El Departamento de Estado fue contundente al definir al conglomerado como “la base financiera del régimen cubano”, un entramado opaco que prioriza la construcción de “hoteles vacíos” mientras destina once veces menos recursos a salud y educación.
La activista Carolina Barrero sintetizó la indignación: “El castrismo finge ser víctima del embargo cuando es el depredador. Chupan hasta la última gota del pueblo mientras piden resistencia.”
En su advertencia a los inversionistas extranjeros, Washington dejó claro que hacer negocios con GAESA o con empresas estatales cubanas equivale a financiar la corrupción y las violaciones de derechos humanos.
El mensaje final del comunicado no deja lugar a interpretaciones: “No hay bloqueo. Hay cleptocracia.” Una frase que, dentro y fuera de Cuba, resuena como un diagnóstico implacable del verdadero origen de la crisis que asfixia a la Isla.
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