El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reafirmó su propuesta de eliminar los impuestos sobre la renta para los estadounidenses que ganan menos de 200,000 dólares anuales, basándose en los ingresos proyectados por su estrategia de aranceles.
A través de su cuenta en Truth Social, Trump aseguró que los aranceles no solo generarían empleos y estimularían la construcción de fábricas, sino que también permitirían financiar una “bonanza económica” que beneficiaría a la clase media.
De acuerdo con los datos más recientes del Servicio de Impuestos Internos (IRS), aproximadamente el 94.4% de los contribuyentes —unos 151.6 millones de personas— ganan menos de 200,000 dólares al año. Estos datos reflejan la magnitud de los potenciales beneficiarios de la propuesta.
Sin embargo, varios economistas han expresado escepticismo sobre la viabilidad de esta medida. Estudios indican que los ingresos por aranceles no serían suficientes para compensar la reducción de ingresos fiscales que implicaría la eliminación de impuestos para la mayoría de los trabajadores.
Además, advierten que un mayor uso de aranceles podría afectar la competitividad de sectores estratégicos como la manufactura y la agricultura, además de provocar represalias comerciales.
Una encuesta reciente de ABC News/Ipsos muestra que solo el 34% de los estadounidenses aprueba la estrategia de aranceles de Trump, mientras que el 72% teme que podría desencadenar una recesión.
El 73% de los encuestados considera que la economía está en mal estado y el 53% opina que la situación ha empeorado bajo su mandato.
A pesar de las críticas, Trump continúa impulsando su agenda económica, presionando para extender las reformas fiscales de 2017 que pronto expirarán. Su administración también está trabajando en propuestas para eximir de impuestos ingresos como propinas y beneficios de la Seguridad Social, además de buscar una nueva reducción en la tasa de impuesto corporativo.
No obstante, expertos advierten que depender de ingresos inestables como los aranceles podría obligar al gobierno a recortar gastos esenciales en áreas como educación, salud e infraestructura. Además, un aumento en el déficit fiscal podría comprometer la estabilidad económica a largo plazo.
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