El recién inaugurado centro de detención para inmigrantes en los Everglades, apodado “Alligator Alcatraz”, enfrenta serios desafíos legales que podrían llevar a su cierre. Inaugurado oficialmente por el presidente Donald Trump el martes, el centro ha sido duramente cuestionado por organizaciones ambientalistas y representantes de pueblos originarios.
La instalación, ubicada en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, a unos 60 kilómetros de Miami, tiene una capacidad anunciada de 3.000 personas —aunque inicialmente se mencionaron 5.000— y es parte de un plan federal para implementar una masiva campaña de deportaciones.
Pero el proyecto, que costaría 450 millones de dólares al año, ha sido blanco de múltiples demandas. Grupos como Amigos de los Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron recursos legales en tribunales federales alegando graves violaciones a leyes ambientales. Según los demandantes, la construcción se aprobó sin los estudios requeridos por la Ley Nacional de Política Ambiental y pone en riesgo ecosistemas delicados, incluyendo el hábitat de la pantera de Florida, una especie en peligro de extinción.
“Más del 96% del terreno donde se ubica el centro está compuesto por humedales esenciales”, advirtió Eve Samples, directora de Amigos de los Everglades. En tanto, Elise Bennett, del Centro para la Diversidad Biológica, afirmó que la instalación representa una amenaza directa a “uno de los ecosistemas más emblemáticos del planeta”.
Tania Galloni, abogada de la organización Earthjustice, también criticó el proyecto, asegurando que “no tiene sentido construir un complejo de estas dimensiones en medio de un área tan ecológicamente frágil”.
Además del impacto ambiental, la oposición se extiende a motivos culturales y humanitarios. Las tribus Miccosukee y Seminole han denunciado que el centro se levanta en tierras sagradas, cercanas a cementerios tribales. Talbert Cypress, del Consejo de Negocios Miccosukee, denunció que aldeas indígenas se encuentran a solo 900 pies de la entrada al complejo.
“El respeto a nuestras tierras y a nuestros muertos ha sido ignorado por completo”, declaró Cypress, subrayando que la zona rodea a la Reserva Nacional Big Cypress, donde su pueblo ha vivido durante siglos.
Las preocupaciones humanitarias también salieron a la luz. Manifestantes se congregaron en la carretera Tamiami Trail, portando carteles con lemas como “No a Alligator Alcatraz”, expresando temor por las condiciones en las que serán retenidas miles de personas, particularmente en un ambiente húmedo, plagado de fauna salvaje y en plena temporada de huracanes.
Ante la presión legal, el estado de Florida respondió con una moción de 22 páginas argumentando que no se ha probado el “daño irreparable” que alegan los demandantes. El gobernador Ron DeSantis defendió el proyecto, asegurando que se trata de una instalación temporal, construida sobre una infraestructura ya existente y que “no requiere alcantarillado ni alteraciones mayores al terreno”.
Fuente: Diario Las Américas
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