El cementerio San Rafael, situado en la ciudad de Colón, en la provincia de Matanzas, refleja de forma alarmante el deterioro generalizado que afecta a muchas necrópolis en Cuba. Un reportaje publicado por el medio oficialista Girón expuso, con crudeza, el estado de abandono en que se encuentra este camposanto fundado en la década de 1920: osarios abiertos, restos humanos a la vista, capillas derruidas y un entorno insalubre que dista mucho del respeto y solemnidad que debería caracterizar a un sitio de esta naturaleza.
Trabajadores del cementerio y vecinos del área han denunciado la desatención institucional y la carencia de recursos materiales para garantizar su conservación. Jesús Agustín Fleites Martínez, quien durante años ejerció como sepulturero, relató que en épocas anteriores las exhumaciones se realizaban con medidas higiénicas adecuadas, como guantes, alcohol y osarios suministrados por la propia empresa estatal. Hoy, en cambio, los empleados deben trabajar sin equipamiento básico, mientras que las familias de los fallecidos tienen que asumir el alto costo de adquirir los osarios por cuenta propia.
El actual administrador del cementerio, Luis Alberto Fernández González, reconoció públicamente la difícil situación del lugar: solo 14 de las 19 plazas laborales están cubiertas, y los bajos salarios —de apenas 2,600 pesos mensuales— dificultan la contratación y retención del personal necesario para operar con normalidad.
A nivel sanitario, las deficiencias son igualmente graves. Gladys Rodríguez Reyes, inspectora de Higiene, confirmó que el cementerio incumple con las regulaciones establecidas: no existen espacios apropiados para que los trabajadores se higienicen, los utensilios están en mal estado y la ausencia de un cerco perimetral permite el libre acceso de animales y personas ajenas a la institución. La acumulación de residuos sólidos y la proliferación de mosquitos agravan aún más los riesgos para la salud pública.
Las quejas también provienen de familiares de los difuntos y de los propios vecinos. Ana, una residente de la zona, describió la situación como “desgarradora”, mientras que Sergio, otro testimonio recogido por el medio, aseguró que durante la pandemia fueron sustraídas partes de una bóveda colectiva destinada a los fallecidos por COVID-19, un hecho que evidencia el nivel de vulnerabilidad del lugar ante actos vandálicos y robos.
Aunque las autoridades locales han prometido rehabilitar el área de cremación y reconstruir el muro perimetral, los problemas persisten tras años de abandono. Frente a este panorama, la comunidad exige respuestas concretas y que tanto la Empresa de Servicios Necrológicos como las autoridades locales “asuman su responsabilidad” con acciones reales, más allá de promesas inconclusas.
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